Díganos lo que piensa

Revisión devuelta
Señores Directores:
El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Marco Parra, declaró que el concejo limeño decidió transferir la responsabilidad del proceso de revisiones técnicas vehiculares al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, lo que el gobierno municipal no ha hecho hasta ahora es explicar las razones por las cuales no puede hacerse cargo de las revisiones técnicas y por qué intempestivamente desistió de seguir con ellas, después de haberse llevado a cabo un larguísimo y cuestionado proceso que terminó con la elección de Lidercon como exclusivo prestador del servicio. Debe recordarse que incluso hace poco la Municipalidad defendió públicamente el derecho a la referida exclusividad, cuando la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi opinó lo contrario. ¿Tendrá relación esta actitud con no querer arriesgar una probable merma en la popularidad del alcalde? Sería peligroso que ahora los diversos gobiernos regionales y locales decidieran no cumplir funciones que por ley les correspondan, basados en consideraciones políticas.
Atentamente,
FERNANDO GANOZA ROMERO
DNI 17839656
4Tras la bronca entre la municipalidad limeña y la empresa revisora, y más allá de los cálculos al 2011, no es desatinado pedir que las revisiones técnicas sean llevadas a cabo por el MTC, al que originalmente, y por ley, le correspondía hacerlo. La municipalidad, por cierto, ya ha presentado al Congreso un proyecto de ley para que el MTC vuelva a tener esa facultad. Lo que le falta hacer al alcalde Luis Castañeda es ofrecer sus disculpas por el tiempo y las energías ciudadanas perdidas por culpa de tan mala licitación.

La tierra de Satomi
Señores Directores:
El 4/6/2007 publicaron la nota "Terreno del Ejército en poder de invasores". Luego, el 17/6/2007 publicaron "Enjuiciarán a la Asociación Satomi Kataoka". Y, por último, el 18/6/07 publicaron "Venta de lotes que hiciera asociación en terreno del Estado se podría anular". Dichas notas fueron firmadas por la periodista Elizabeth Salazar. Dichos informes colisionan con el pronunciamiento de la Fiscalía Provincial Mixta de Lurín, a cargo de Roxana Torres Vega, quien ha declarado no ha lugar a la formulación de una denuncia penal contra nuestra entidad empresarial por los supuestos ilícitos publicados por su Diario. Les solicitamos la rectificación de las afirmaciones inexactas. Si no es publicada nuestra carta iniciaremos acciones legales. Su publicación nos ha causado un irreparable daño, pues a pesar de habernos apersonado con documentos tras su primera publicación siguieron notas antojadizas. Señores directores del dizque Diario más prestigiado y objetivo, esperamos confiados que se haga la rectificación. Caso contrario, iniciaremos una gran marcha hacia su sede central con las más de 2.000 familias que alberga nuestra asociación para exigir dicha rectificación.
Atentamente,
PEDRO PABLO CHAPA ARANCIBIA
DNI 00251638
Presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Satomi Kataoka
4Los reportajes fueron publicados en junio del 2007 y  la resolución fiscal fue emitida mucho después, el 3 de marzo del 2008, así que está de más hablar de 'colisión' con la fiscalía. Esta última se ha pronunciado sobre tres denuncias que se hacen entre sí los involucrados en una compraventa de terrenos: una de Numa Casabonne (quien vende el predio en litigio a Satomi Kataoka) contra el Ejército, por delito de usurpación; del Ministerio de Defensa contra el firmante de esta carta, por delito contra el patrimonio, usurpación agravada en la modalidad de despojo; y del Ejército contra Casabonne y Oswaldo Chauca (abogado de Satomi Kataoka), por defraudación. Nuestros reportajes, en cambio, exponen los antecedentes del litigio y denuncian la invasión del terreno, independientemente del posterior alegato que cada uno de los denunciantes, de acuerdo con sus intereses específicos, hayan hecho ante el Ministerio Público. Si la Asociación Satomi Kataoka manifiesta ahora tal interés por los procesos legales, pues no debió, irresponsablemente, alentar a sus socios a invadir un terreno que no estaba legalmente saneado y que pretenden hacer suyo con subterfugios políticos y amenazas como la que está patente al final de esta carta. Lamentamos que entre los socios haya muchos ciudadanos de buena fe que han depositado sus ahorros familiares y esperanzas de vivienda propia en dirigentes que los han mal informado.