OCMA separa a 18 jueces de Puno por parcializarse en procesos

Por haber tramitado procesos judiciales supuestamente irregulares al final de los cuales los denunciados transferían camionetas y autos de dudosa procedencia en pago por deudas contraídas con los demandantes, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que preside Elcira Vásquez Cortez, dispuso la separación temporal en el cargo de 18 jueces de paz letrados, no letrados y mixtos del departamento de Puno.

La drástica medida fue tomada por la vocal Elcira Vásquez en vista de las graves irregularidades detectadas y luego de que la Unidad Operativa Móvil de la OCMA viajara al citado departamento ya que se habían detectados transferencias irregulares por parte de la Sunarp, las cuales fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El equipo de la OCMA se desplazó por distintos lugares de dicho departamento. Era un secreto a voces en el altiplano que muchas camionetas 4x4 o autos modernos, los cuales probablemente habían sido robados en Lima y en otros puntos el país, eran transferidos a terceros con mandatos judiciales para luego ser llevados a Bolivia o Paraguay.

Fue así como la Unidad Operativa Móvil de la OCMA detectó irregularidades en los distritos judiciales de Lampa, Carabaya, San Román y Azángaro. Los magistrados se desplazaron a cada una de estas provincias y descubrieron que los fallos dados por sus colegas habían sido pactados con una mafia en la que estaban involucrados abogados, notarios, tramitadores y comerciantes.

TRABAJO MULTISECTORIAL
Para llevar a cabo su trabajo, los magistrados de la OCMA se contactaron con las autoridades de esa ciudad, entre ellas, el decano del Colegio de Abogados, el jefe de los Registros Públicos, el jefe de la Región Policial de Puno, el fiscal superior decano y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno.

El trabajo multisectorial dio sus frutos cuando se puso al descubierto que los magistrados habían hecho las transferencias sin haber previamente determinado la procedencia de los carros, sin acatar los requisitos dispuestos en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular y parcializándose abiertamente con los demandantes.

Por ejemplo, en el distrito judicial de Juliaca, el juez Francisco López Calisaya tramitó 20 expedientes correspondientes a igual número de vehículos y ni siquiera verificó si estos habían sido comprados legalmente o habían sido robados. En el distrito de Platería, provincia de Puno, el juez de paz Ladislao Franco Pauro tramitó 47 expedientes. Y en Chucuito, el juez de paz Juan Durán Vilca hizo lo mismo con cuatro vehículos.

La OCMA ha dispuesto que se les abra proceso disciplinario y que los investigados se abstengan de ejercer el cargo hasta que concluyan las investigaciones.

SEPA MÁS
4Por diversas resoluciones judiciales se dispuso la transferencia a terceros de 682 vehículos automotores.
4Extrañamente, la Policía Nacional de Puno expidió a los mismos el Certificado Policial de Identificación Vehicular, lo cual amparaba la demanda .
4Sin embargo, la PNP omitió investigarlos pese a que los carros eran usados y en muchos casos carecían de placa.