¿Quién fija el rumbo del trabajo legislativo?

Por: Juan Paredes Castro |

La Mesa Directiva del Congreso tendrá que tomar en adelante decisiones más ordenadas si quiere librar al trabajo legislativo del tumulto de tareas que actualmente conspiran contra el manejo efectivo de una agenda de prioridades.

Luis Gonzales Posada sabe que en la medida en que esa agenda de prioridades no tenga más espacio y tiempo que los que le permiten la burocracia legislativa y la impunidad rampante, como la de Tula Benites, nada de lo que piensa ofrecer como resultados fundamentales funcionará.

Muchos de los temas llevados al plenario enfrentan la ley del embudo, lo que hace que algunas importantes propuestas de reforma constitucional, por ejemplo, vean pulverizarse sus consensos difícilmente ganados y esperar nuevas oportunidades de suerte, como si se tratara de un juego de tómbola. Más aun cuando con todas las adhesiones aseguradas, apenas se alcanza las puertas de una votación.

Pareciera que a la Mesa Directiva del Congreso le faltase una afinada gestión ejecutiva que, en manos de un experimentado oficial mayor, pudiese dotar al trabajo parlamentario de un rumbo claro, fluido y eficaz. El hecho de que el Congreso sea un foro de discusión de ideas y leyes no tiene por qué quitarle las potencialidades propias de un poder del Estado obligado a producir resultados como las puntuales reformas constitucionales que reclama el país.

¿Quién sabe realmente cuál es la agenda de prioridades del Congreso? ¿Qué resultados esperamos de aquello que no está en el pizarrón mental de quienes legislan y votan?

Tenemos un poder judicial prácticamente paralizado en sus objetivos de cambio y reforma porque la propuesta de ley para ese fin, discutida hasta no más, consensuada hasta en el Acuerdo Nacional y dictaminada bajo los más depurados criterios constitucionales, es víctima del humor cotidiano de las bancadas del humalismo y del fujimorismo, aquella porque la condiciona a una asamblea constituyente y esta porque prefiere ver antes qué pasa con el juicio a su líder político y ex presidente.

¿Acaso nadie quiere en el Congreso que la justicia cambie, que la educación mejore, que el sistema político adopte nuevas condiciones y que nuestro ordenamiento legal sirva para desconcentrar el poder político y administrativo sin desnaturalizar nuestra esencia de estado indivisible?

La Mesa Directiva del Congreso tiene que imponerse el reto de rescatar la agenda de prioridades legislativas, y en ella la tarea pendiente de las reformas constitucionales puntuales. Pero antes tiene que desbrozar el tumulto burocrático y protocolar que lo abruma.