Legisladora manejó la cuenta corriente de trabajador fantasma

En mayo del 2007 la Mesa Directiva del Congreso acordó entablar, a través del procurador del Legislativo, Julio Ubillús, una denuncia constitucional contra la parlamentaria aprista Tula Benites.

El diario "Perú.21" había revelado que ella contrató como auxiliar a Juan Carlos Cuadros Noriega, quien nunca acudió a trabajar y más bien dejó su cuenta corriente (donde depositaban su salario) a disposición de Benites.

"No creo que (Benites) pueda cometer un error así. Estoy convencido de que no es así (...). Me parece una mujer de larga trayectoria", decía el presidente Alan García por entonces.

Benites se defendió al atribuir la denuncia a "una pasión política" orientada a perjudicar la imagen del Apra. Explicó que contrató a Cuadros como auxiliar de su oficina entre agosto y diciembre del año pasado y que ella nunca manejó su tarjeta de pago.

Según la denuncia periodística, los retiros de la cuenta de Cuadros se hicieron desde Trujillo, ciudad que él no visitaba hace dos años.

Mercedes Cabanillas, que por entonces presidía el Congreso, confirmó que Cuadros nunca recogió su fotocheck ni abrió su cuenta de correo electrónico.

El caso llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética del Congreso. Esta última planteó su suspensión por 120 días, lo que recién se aprobó cuatro meses después.

Historia aparte fue lo que pasó (o no pasó) en la referida subcomisión, cuyas sesiones se caracterizaron por las recurrentes faltas de quórum debido a las ausencias de sus integrantes apristas. Inclusive el caso se postergó de una legislatura a otra.

Lo llamativo fue el distinto tratamiento que hubo, por ejemplo, con referencia al parecido caso de Elsa Canchaya (UN), que se resolvió en 45 días.

En febrero último la subcomisión por fin aprobó la acusación contra Benites por peculado, colusión y falsedad genérica. La decisión la ratificó la Comisión Permanente del Congreso y sin blindaje oficialista, lo que no ocurrió el miércoles en el pleno.

PARA TENER EN CUENTA
Tula Benites responderá por:

Falsedad genérica
Se aplica al que falsea la verdad en perjuicio de terceros mediante palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde. Hasta 4 años de cárcel.

Colusión
Se le imputa al funcionario que intervenga por razones de su cargo y defraude al Estado en contratos, licitaciones, concurso de precios y subastas. La pena es de 3 a 15 años.

Peculado
Se aplica al funcionario que se apropia o utiliza para sí u otro caudales cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Hasta 8 años de cárcel.