Las FARC no son una fuerza beligerante

Por Farid Kahhat. Analista internacional y catedrático de la PUCP

En el recuento de la reciente crisis en la región andina, se suele olvidar que los enfrentamientos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela tuvieron su origen en el tema de la mediación venezolana para liberar rehenes en poder de las FARC, y no en la incursión colombiana en territorio ecuatoriano. En aquel entonces, además de denunciar al presidente Álvaro Uribe por poner fin a su labor de mediador, el presidente Hugo Chávez declaró a las FARC una "fuerza beligerante", y solicitó a otros gobiernos que hicieran lo mismo (sin que hasta el momento alguno haya acogido la iniciativa).

Conceder la condición de "fuerza beligerante" a un grupo armado irregular convierte a este en un interlocutor válido bajo el derecho internacional. Pero este último exige que el grupo en cuestión cumpla con ciertos requisitos para poder acceder a esa condición. El más importante de esos requisitos es que el grupo armado cumpla con las normas del derecho internacional humanitario.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional cumplía con ese requisito cuando fue reconocido como "fuerza beligerante" por diversos gobiernos de América Latina. Una organización como las FARC, que tiene en el secuestro, la extorsión y el narcotráfico a sus principales fuentes de ingreso, no califica para ese propósito (por lo demás, los sandinistas enfrentaban en Nicaragua a la tiranía dinástica de los Somoza, mientras que las FARC enfrentan a un gobierno legítimamente constituido).

Pero allí donde la calificación normativa no alcanza para conceder a las FARC un lugar en la mesa de negociaciones, podría concedérselo el realismo político. Después de todo el gobierno de Álvaro Uribe no tuvo inconveniente en negociar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (es decir, los paramilitares), culpables de innumerables masacres contra civiles durante la guerra interna en ese país. Y habría que recordar que las condiciones concedidas a los líderes paramilitares para lograr la desmovilización de sus tropas fueron de una generosidad digna de mejor causa: por ejemplo, Salvatore Mancuso, quien admite ser autor material o intelectual de más de 300 homicidios, tendrá alrededor de una semana de condena por cada una de esas muertes. Y podría pasar parte de ese tiempo en una colonia agrícola (dado que el tráfico de cocaína era una fuente privilegiada de ingresos para los paramilitares, uno podría especular sobre el tipo de sembríos a los que se dedicaría Mancuso).

No se requiere ser un maledicente para asociar esa generosidad con las investigaciones judiciales en curso a docenas de congresistas y funcionarios públicos por sus vínculos con la "parapolítica" (investigaciones que tienen como fundamento precisamente el testimonio de los líderes paramilitares).

Podría, sin embargo, citarse la negociación frustrada que llevaron a cabo con el Gobierno Colombiano hasta el 2002, como prueba de que las FARC no quieren una salida negociada al conflicto. Pero en ese entonces las FARC se encontraban en la cúspide de su poderío militar, en buena medida gracias a los ingentes ingresos que obtenían del narcotráfico. Ingresos ilícitos y poderío militar a los que habrían tenido que renunciar en caso de convertirse en una fuerza política legal. Con el agravante de que las encuestas siempre revelaron que un eventual sucedáneo de las FARC no tendría mayor fortuna en el ámbito electoral, y que cuando las FARC crearon un brazo político legal a mediados de los ochenta (la denominada Unión Patriótica), su militancia fue literalmente borrada de la faz de la tierra por la acción de los paramilitares. Bajo esas circunstancias, las FARC no parecían tener incentivo alguno para llegar a un acuerdo.

Pero las circunstancias han cambiado. De un lado, el Plan Colombia, que no ha tenido logros decisivos en su propósito declarado (eliminar el narcotráfico), ha producido como efecto colateral (aunque algunos analistas creen que ese siempre fue su verdadero propósito) la derrota estratégica de las FARC.

Según fuentes del Gobierno Colombiano, en el 2002 las FARC contaban con unos 16.900 efectivos en armas. Esa cifra se habría reducido a unos 8.900 en la actualidad. Aunque pueda cuestionarse la precisión de las cifras, la tendencia es clara e irreversible. Por lo demás, el alto mando de las FARC (el secretariado), que no había sufrido una sola baja en 44 años de combate, perdió en menos de una semana a dos de sus siete integrantes ('Raúl Reyes' e 'Iván Ríos', según sus nombres de guerra).

De otro lado, la mayoría de los paramilitares se han desmovilizado, con lo cual el riesgo para su seguridad de una incursión de las FARC en la escena legal se ha reducido (aunque no ha desaparecido, recordemos sino que la razón que alega la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos para no ratificar el TLC con Colombia es que en ese país aún perecen cada año unos 70 dirigentes sindicales como consecuencia de la violencia política).

Ahora bien, la derrota estratégica de las FARC implica que estas ya no tienen la capacidad de lograr sus objetivos políticos por vía militar, pero no que estén a punto de desaparecer como grupo armado: ni siquiera en su época de mayor fortaleza grupos como Sendero Luminoso alcanzaron la cifra de 8.900 efectivos en armas. La razón para negociar con las FARC es que ese sería el curso de acción que infligiría el menor costo a la sociedad colombiana si el propósito es alcanzar la paz, y no que las FARC hayan ganado por su buena conducta un lugar en la mesa de negociaciones.