Control e investigación sobre las concesiones municipales

L os dramáticos resultados alcanzados en la última evaluación docente, para el nombramiento de 25 mil profesores, eran previsibles. Confirman el bajo nivel de la mayoría de maestros y la urgencia de capacitar a quienes tienen en sus manos la formación de nuestros hijos.

Sin embargo, estas deplorables calificaciones señalan también que el Ministerio de Educación no se equivocó cuando impuso la evaluación como prerrequisito básico e ineludible para ejercer la docencia. Y cuando exigió, casi empecinadamente, que los exámenes deben aprobarse con una nota superior a 14, para acceder a una plaza en los colegios estatales. Está bien que la varilla sea alta, lo demás es conformismo y la educación de los peruanos no puede aceptarlo.

La encuesta de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A. y que hoy publica nuestro Diario, muestra con toda claridad que el 76% considera que el concurso público para el nombramiento de profesores es el inicio de la mejora educativa. Es más, 39% aprueba la gestión del gobierno porque trabaja para elevar la calidad de la educación.

Hasta hace algunos años todo esto era impensable y una prueba es que se nombró a miles de maestros que resultaron jalados en las evaluaciones. Ya la evaluación censal realizada el año pasado, arrojó que el 95% de ellos obtuvo una calificación bajísima, similar a la que ahora ha alcanzado la mayoría de postulantes.

El Gobierno no puede quedarse en el diagnóstico sino proseguir con el proceso de reforma ya iniciado. El reto ahora no solo es cubrir las plazas docentes presupuestadas a como dé lugar, sino establecer una varilla elevada para asegurar la calidad docente.

En principio, es positivo que el ministro José Antonio Chang haya dado a los profesores que obtuvieron nota aprobatoria la oportunidad de rendir otro examen en junio. Así podrán prepararse mejor y lograr pasar la valla.

Sin embargo, también debe revisar la eficiencia del sistema de capacitación de 220 horas que este gobierno instituyó el año pasado y que, como ha demostrado el último examen, es insuficiente.

Tiene que acabarse con los remedos de facultades y escuelas de educación 'chicha' que son justamente las responsables de los vergonzosos resultados. Así como se evalúa a los maestros , y a pesar de eso los malos se quedan en la carrera, igual debe examinarse a más de 400 'centros educativos' que lucran con la esperanza de los jóvenes estudiantes, pero sobre todo engañan a los padres de familia cuando no cumplen con preparar a los maestros que sus hijos requieren.

Está bien que la varilla siga alta para las evaluaciones docentes

Después de las frustradas revisiones técnicas, la anulación del proceso de adjudicación de rutas para la operación de buses en el Corredor Segregado de Alta Capacidad (actual Vía Expresa) resulta simplemente inadmisible. Por ello, más allá de la renuncia --o separación-- de los funcionarios municipales responsables de ese nuevo traspié edilicio, Lima exige no solo una investigación profunda que explique qué pasa con la gestión de esta importante vía a cargo de la municipalidad provincial, sino también qué sucede con la capacidad de la municipalidad para gestionar concesiones.

Lo que está en juego no es solo la concesión de rutas en una arteria central, sino el primer paso hacia el reordenamiento del transporte público en Lima y la circulación de buses a gas, temas que demandan una exigente normativa técnica.

El primer error, señalado por los especialistas, es que la empresa municipal Pro Transporte habría echado a andar un concurso público basado en una propuesta mal elaborada y, por lo tanto, viciada desde su origen. De otra manera no se explica que las bases y los contratos hayan sufrido más de cien modificaciones desde que comenzó el proceso, hace dos años.

Luego, como lo que empieza mal, suele terminar mal, la adjudicación de rutas, prevista para enero del 2007, no solo sigue sin cumplirse, sino que los abogados de la comuna acaban de reconocer que el Comité Especial de Licitaciones incurrió en otros graves errores administrativos.

¿Cómo explicar que se haya aprobado que postores que no reunían las condiciones establecidas pasasen a la siguiente fase? ¿Se puede aceptar a empresas con estados financieros no auditados o empresas que no pueden acreditar capital social mínimo? ¿Qué clase de funcionarios se encargaron de las licitaciones públicas en la Municipalidad de Lima?

Las marchas y contramarchas en el caso de las revisiones técnicas y ahora en la licitación de rutas de la Vía Expresa, siempre más cerca del conflicto que de las soluciones, han estado y están revestidas de silencios y desinformaciones que crean desconfianza y dudas sobre la transparencia en la administración municipal de vías y servicios fundamentales.

Lima merece una explicación del alcalde Luis Castañeda Lossio, quien debe denunciar ante Consucode las irregularidades cometidas por los postores y también hacer una depuración exhaustiva de algunos de sus más cercanos colaboradores en el proyecto que, en lugar de sumar, resta la gestión municipal.