Procurador del Congreso denunciará penalmente a autores de adulteración

Por Jorge Saldaña

Por decisión unánime y multi-partidaria la Mesa Directiva del Congreso acordó ayer autorizar al procurador público de ese poder del Estado para que denuncie penalmente ante el Ministerio Público a todos aquellos que resulten responsables por la burda adulteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), detectada tres meses después de su entrada en vigencia.

Ello como consecuencia del informe elaborado por el oficial mayor del Poder Legislativo, José Abanto, y que ayer fue entregado a la Presidencia del Congreso, a raíz de la denuncia planteada la semana anterior por la titular de la Comisión de Descentralización, Rosa Florián (Unidad Nacional).

Así, pues, se plantea la "remoción de José Villena Changanaquí y de Eduardo Mejía de la jefatura de Relatoría y Agenda del Congreso y de la Dirección General Parlamentaria, respectivamente" por no haber desarrollado los controles ordinarios y regulares que se exigen en este tipo de procedimiento cuando se elaboró la autógrafa de esta ley.

Debido a esta adulteración, la LOPE ordena hoy que en cada ministerio existan dos gabinetes de asesores: uno para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y otro para la coordinación con el Congreso, cuando lo aprobado por el Parlamento --el 14 de diciembre del año pasado-- fue que hubiese solamente un equipo de especialistas para ambas tareas.

Pero el informe de la Oficialía Mayor trae consigo una sorpresa mayor. Señala que en el proceso de elaboración de la autógrafa, que se realizó con una celeridad inusual, "se contó con la participación del congresista aprista Wilder Calderón Castro y, por razones de especialidad en la materia, con funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes manifestaron su estrecha y constante coordinación con la asesoría de la comisión (de Descentralización y de Gobiernos Locales del Congreso)".

Fue en tales circunstancias --prosigue el informe-- en que se produjo la adulteración, la cual no llegó a ser corroborada a plenitud por el departamento de relatoría, "basándose únicamente en lo expresado por el congresista Calderón Castro". Por ello la Oficialía Mayor propone tres días de suspensión a José Villena, jefe de Relatoría, y su remoción del cargo hacia otra área.

En cuanto a la presunta responsabilidad del director general parlamentario, el oficial mayor Abanto le dice al presidente del Congreso que el propio Villena le dijo personalmente que fue Eduardo Mejía quien le indicó que incorporara esta irregular inclusión en la autógrafa. Por eso se propone que Mejía también sea removido de su cargo y reasignado a otra área administrativa.

En reemplazo de ambos cuestionados funcionarios, la Oficialía Mayor propone que Javier Ángeles Illman asuma la jefatura de Relatoría y Hugo Rovira ejerza el puesto de director general parlamentario.

Mientras tanto, y para evitar que se repitan hechos parecidos, se ha dispuesto que el Departamento de Tecnologías de Información del Legislativo proceda, en el breve plazo, a la implementación de un sistema informático "que asegure que los textos de los proyectos aprobados respondan fehacientemente a lo acordado por el pleno del Congreso".

Se sugiere, además, que "la Mesa Directiva dicte un acuerdo que establezca que las autógrafas de ley, antes de ser remitidas al Poder Ejecutivo, cuenten necesariamente con el visado de la presidencia de la comisión dictaminadora".

Al cierre de esta edición, no obstante nuestros llamados, no obtuvimos respuesta alguna del congresista Calderón Castro sobre su presunta responsabilidad en el tema.

AL GRANO
"No aceptamos que la pita se rompa por el lado más débil"
4 ROSA FLORIÁN. Presidenta de Comisión de Descentralización
¿Satisfecha con el informe de la Oficialía Mayor?
De ninguna manera. Mañana (hoy) el vocero de Unidad Nacional presentará un escrito en el cual decimos que no estamos a favor de la determinación de la Mesa Directiva porque es indignante que se sancione administrativamente con la remoción a dos funcionarios del Congreso y a uno de ellos con solo tres días de suspensión. Queremos saber quién fue el interesado en que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) se modificara, quiénes fueron los que presionaron a estos dos funcionarios. Lo que ha ocurrido aquí es una burla al pleno del Parlamento.

¿Es cierto que en la plenaria congresal convocada para mañana (hoy) se eliminará este ilegal añadido a la LOPE?
No va a entrar mañana (al plenario). Será para la semana próxima. Ya tenemos la propuesta de corrección de la LOPE. La Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales se va a reunir mañana (hoy) a las dos de la tarde para ponerla en conocimiento de los congresistas miembros. Esto tiene que ser a la brevedad posible para que la mano negra no se salga con su gusto. Nosotros no estamos en contra de que los ministerios tengan sus coordinadores con el Congreso. Eso en la práctica ya se da y no se requiere una ley y menos a través de un acto corrupto.

¿Y a quién pertenecería esta mano negra que usted está denunciando?
Eso lo dejo a la prensa para que haga las investigaciones. Ha habido intereses y eso no puede ocurrir. Aprovecho para negar que se haya pretendido involucrar (en esta adulteración) a los asesores (de la comisión) porque no es así. No hay que permitir que la pita se rompa por el lado más débil. Tiene que haber una investigación real.

¿El congresista aprista Calderón estuvo interesado en corregir la LOPE?
Él me pidió (en la plenaria) que se incorporara la palabra "uno" en el artículo 24 de la ley, pero no se aceptó y públicamente le dije que ello no iba. Eso está en la transcripción.

¿Acaso el aprismo no estaba interesado en corregir esta ley?
No lo sé. Hay que investigar a fondo este tema.