L a reciente captura de dos presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio peruano tiene que confrontar al Gobierno no solo con sus políticas de protección efectiva de las zonas limítrofes, sino sobre todo con las estrategias antinarcóticos que está aplicando frente a la comprobada vinculación de los cárteles de la droga ubicados a ambos lados de la frontera.
Sin duda, es un logro que la Dircote haya logrado capturar a estos elementos a pesar de que se habían camuflado de civiles para sus ilícitas actividades en el Perú. Sin embargo, lo que no debe perderse de vista en esta intervención policial es que los narcoterroristas de las FARC se pasean libremente en la zona norte de nuestro país. Esto tiene que obligar al Estado a definir con rigor una política de lucha coordinada contra el terrorismo, en la que confluyan la policía e incluso las Fuerzas Armadas.
Habría que empezar por preguntarse qué hacen los terroristas colombianos en el Putumayo. La respuesta se hallaría en el aumento de la superficie sembrada de coca en la zona estimada, según los especialistas, en 1.500 y 2.000 hectáreas.
En segundo lugar, como ha trascendido en corrillos policiales, no debe desestimarse el tráfico de armas que se estaría concretando por vía fluvial entre Iquitos y el Putumayo.
Finalmente, como señalan los especialistas, la frontera con Colombia se habría convertido en una zona de repliegue de las FARC, ante las acciones de control que viene aplicando el Gobierno Colombiano.
La lucha antidrogas tiene que considerar esa realidad, así como que hay nuevas rutas del narcotráfico en el Perú, donde la producción de coca ha aumentado en cantidad y en calidad. Al valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga, hay que sumar ahora a zonas como el Putumayo y Caballococha.
La vigilancia policial tiene que intensificarse, pero, sobre todo, lo que se necesita es que el Gobierno Peruano defina cómo enfrentará estratégicamente a un enemigo que no conoce de fronteras.