Se cierra el espacio para la impunidad institucional

Aunque algo tarde, la Fuerza Aérea del Perú ha hecho bien en sancionar con el máximo castigo disciplinario (la baja definitiva) al teniente Jesús Ferreyra Gala, acusado de violar a una joven cadete de 18 años en las instalaciones de la Escuela de Oficiales de Las Palmas, en un hecho inadmisible que denigra a la institución castrense.

El castigo era inevitable e ineludible, y no debe quedar solo en la destitución sino que tiene que involucrar la acción decidida del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Hubiera sido ideal que la FAP actuara de inmediato ante las quejas de la familia de la agraviada que, finalmente, solo fue escuchada tres meses después, cuando el caso llegó a los medios de comunicación. El falso espíritu de cuerpo siempre es negativo.

Las instituciones no deben esperar a la presión de la prensa para atender demandas que son de justicia. Tienen que reconocer el peso de la opinión pública y de una prensa fiscalizadoras, dispuestas a cerrar espacios a la impunidad institucional; además, que el ciudadano está aprendiendo a defender sus derechos; y a no tolerar burlas de ningún tipo, como las que recibió la cadete perjudicada.

La FAP tiene una deuda con esa joven, a quien debe apoyar a fin de que supere un trance que no puede truncar su vida y su futuro.