La indispensable alternativa hacia la concesión de penales

El último destape sobre una mafia que operaba en el INPE (emitía órdenes falsas para trasladar a peligrosos asaltantes y secuestradores a prisiones menos seguras) ha puesto en evidencia, por enésima vez, que el sistema carcelario hace agua. Pero también que, más allá de los diagnósticos, quejas y denuncias, el Gobierno ya no tiene excusas para enfrentar de una vez por todas un problema que pone en jaque a la sociedad y la seguridad ciudadana.

En principio, el erario dispone hoy de recursos suficientes para analizar todas las posibilidades y esquemas que eviten la actual y macabra convivencia de corrupción, hacinamiento y abandono que prima en los penales.

Una alternativa, que podría aplicarse a manera de un plan piloto, es la concesión para la construcción y financiamiento de nuevos centros penitenciarios, una experiencia que funciona en otros países, como Chile.

Habría que estudiar qué entidad mantendría la supervisión de esas cárceles, pero por lo menos se garantizaría que un operador privado se haga cargo del pasivo y activo que hoy no puede asumir el INPE. Como han planteado algunos especialistas, estas concesiones no implican que el Estado desembolse de golpe un presupuesto determinado. Podría establecerse concesiones por un lapso de tiempo y según el volumen de la población penitenciaria.

Se ha demostrado hasta la saciedad que las cárceles no son los centros de rehabilitación que debieran, sino escuelas del crimen y la planificación de nuevos delitos. El Ministerio de Justicia, que está discutiendo el tema de la concesión y privatización de penales, debe tomar una decisión al respecto. Sin duda, no es el único responsable del fracaso del sistema penitenciario. Una gran cuota de culpa corresponde al Poder Judicial que incumple los plazos procesales de inculpados y contribuye a la sobrepoblación carcelaria.