No podemos sostener la educación con el gasto per cápita que tenemos

Por Francisco Tumi

La última evaluación docente, aparte de reiterar resultados ya conocidos sobre la educación nacional, no ha contentado a casi nadie. ¿Qué evaluación hace usted de esta evaluación?
La evaluación ha merecido muchas críticas y algunas de ellas son, sin duda, atendibles. Hay, sin embargo, personas que dicen que deben suspenderse las evaluaciones, pues ya conocemos los resultados, pero yo pienso que si las suspendemos, no vamos a saber si estamos cambiando. Lo que hay que plantearse es hacer evaluaciones cuyos resultados se puedan comparar en el tiempo. Esto es bastante complicado, pero de todas maneras se debe dar la señal de que se quiere seguir mejorando.

¿Cómo está actuando el Gobierno en el tema docente?
Yo creo que el Gobierno, en este tema, está intentando hacer las cosas bien. La partitura está bien, pero, por supuesto, aún hay problemas en la ejecución, que puede mejorarse mucho más. Habría, por ejemplo, que darle más tiempo a la preparación de un sistema de pruebas. No debe hacerse una prueba esporádica que hoy está a cargo de ESÁN y mañana de quien la quiera aceptar: la Católica, la UNI... No se debe actuar de esta manera puntillista, sino crear un sistema que nos diga cómo está evolucionando la formación de los docentes.

Y ser consecuentes con los resultados a la hora de la contratación.
El Estado tiene un problema: es el que forma a los docentes y al mismo tiempo es el que los emplea. Ha perdido el control sobre la formación y está tratando de recuperarlo. Eso, por supuesto, toma más tiempo que recuperar el control sobre el empleo. El empleador debe decir claramente: "Para emplear, necesito que el maestro tenga estas capacidades". Y reiterar: "No vamos a nombrar a gente que no tenga estas capacidades". Es muy bueno decir esto. En ese sentido, este ministro es más valiente que los anteriores.

¿Hay un real cambio de actitud en este aspecto clave?
El doctor Piscoya, quien hizo las pruebas en tiempos del ministro Lynch, dice, en un libro, que a él le dieron un tiempo tan corto para prepararlas, que tuvo que improvisar, y que aunque solo aprobaron la prueba 150 docentes, nombraron a 27 mil. Eso no tiene sentido. No se debe nombrar a incompetentes. Es una muy buena señal anunciar que no se va a nombrar a personas que no tienen las capacidades, pero sería una señal aún mejor anunciar cuáles son las capacidades que se requieren y cómo se van a evaluar.

¿Cómo ha percibido la reacción de los actores sociales frente a esta evaluación?
Lo que nos sucede como sociedad frente a la tragedia educativa es que la mayor parte de los protagonistas quiere minimizarla y desea que esto de las evaluaciones pase rápido. Es la cucharada desagradable que hay que tragarse cada comienzo de año. Entonces, que pase rápido. Pero debemos convencernos de que tenemos un problema muy serio y de que para superarlo tenemos que hacer cosas más radicales que las que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, hablar no solo de los contratados, sino de los nombrados, que son el problema más grave.

A ellos ya se los evaluó el año pasado.
Sí, pero se necesita un sistema de evaluación regular y que se les diga: "Mire, su nivel es este. Tiene un año para pasar de este nivel a este otro nivel, y para ello va a tener este paquete de materiales". Yo me acabo de enterar de que los maestros están entre los principales usuarios de la telefonía rural y que usan Internet para capacitarse. Tienen esta voluntad de capacitarse porque hay pruebas. Lo que necesitamos es mejorar estas pruebas y establecer mejor los premios y las sanciones, en la línea que propone la ley de carrera magisterial.

¿Si la partitura, como usted dice, está bien, más allá de los detalles por rectificar, cuál debería ser el próximo paso?
La capacitación ha sido eficaz en el sentido de que se ha reducido la cantidad de profesores que no lograban acreditar capacidades de comprensión lectora. Pero si tenemos 300 mil profesores, al ritmo de la actual capacitación vamos a tener este problema hasta el año 2200. Es decir, tenemos un ritmo que no acompaña a las necesidades. Por otro lado, hay un asunto más grave: aquello que alguien no desarrolló en los 12 años de educación básica ni en los 4 o 5 años de formación profesional, ¿lo va a lograr en una capacitación de 160 horas?

Entonces no se puede afirmar que la capacitación es eficaz.
Lo que digo es que ha habido un avance, pero que ese avance no es suficiente. Necesitamos tener más claro lo que deben lograr los alumnos en cada nivel, para así tener claro lo que deben saber los profesores y poder medirlos, por lo menos para que los padres de familia puedan intervenir y demandar que se alcance ese nivel. Debemos tener claro qué cosas se deben hacer y no se están haciendo. Esto debería estar publicado y ser conocido por todos. Y las pruebas deberían ser parte de un sistema que nos diga si estamos progresando y a qué ritmo.

¿Qué debería exigir la sociedad en el campo educativo en los próximos tres años y meses de este gobierno?
Necesitamos una mirada mayor y de conjunto. Este no es solo un problema de maestros, sino de distintos factores que se tienen que enfrentar al mismo tiempo. En el ministerio se están haciendo algunas cosas interesantes. Introducir laptops para los niños en las áreas rurales puede desencadenar una revolución, lo mismo que financiar laptops para los maestros. Sostener y mejorar las pruebas también es una pista que hay que mantener, igual que implementar la carrera docente y el sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación. Es decir, si nos cerramos en un solo aspecto, por muy popular que resulte, no estaremos yendo al fondo del asunto, aunque ganemos puntos políticamente.

Sería un error, entonces, decir, que todo el problema radica en los maestros y en el Sutep.
Así es. En este momento el Sutep está debilitado y ningún padre de familia quiere que su hijo tenga un profesor incompetente, de modo que es muy popular decir que hay que concentrarse básica y únicamente en el ámbito del profesor. Lo que hay que hacer es abrir el debate y plantear la necesidad de más financiamiento para la educación, la necesidad de tener estándares compartidos, y además públicos, para que todo el mundo sepa a qué atenerse, hacia dónde vamos y qué queremos lograr para poder decir que estamos mejorando.

¿El panorama actual es de avance o de estancamiento?
Lo que tenemos ahora es incipiente. No estamos mejorando a un ritmo suficiente, pero esa ya es una reflexión mayor que la que teníamos hace una década. Hace unos años, cuando se publicaron los primeros resultados con Marcial Rubio, todos sabíamos que estábamos muy mal, pero no teníamos nada más. Tener ya la sensación de que el ritmo no es suficiente es mejor que la situación anterior. Saber que estamos mal es mejor que tener la impresión de que no pasa nada. Y saber que no estamos avanzando a un ritmo suficiente sigue siendo mejor que solo saber que estamos mal.

¿No es un avance muy modesto?
Es progreso. Necesitamos que eso se refuerce, no que se restrinja. Necesitamos ganar impulso en la sociedad. Necesitamos que sean más claros los estándares, sobre todo los que más interesan, que son los que se refieren a lo que requieren saber los alumnos, pues eso es lo que alineará a los profesores, a los padres de familia y a los mismos alumnos. Ese es el paso más importante, pues los estándares hacen que todos los esfuerzos converjan y obran como una palanca en el conjunto social.

¿Cómo debería sopesarse la insistencia de algunas autoridades regionales, como el presidente de Puno, de realizar ellos mismos la evaluación docente?
Conviene distinguir niveles en la argumentación. En primer lugar, tanto el ministerio como las regiones, e incluso los municipios, pueden realizar distintas pruebas a los docentes. Pero todos deberían declarar cuál es el perfil que quieren evaluar y publicar los resultados y las pruebas. Sería muy útil conocer las equivalencias y también qué miden unos que dejan de medir los otros. No se trata de curiosidad técnica, sino de ampliar la participación de los padres de familia y de los ciudadanos en el tema. Este no es un tema sectorial, sino uno de los más importantes asuntos nacionales.

Algunas autoridades y sectores sociales hablan de "un examen realista" y cuestionan que en Puno se exijan los mismos estándares que en Lima.
Se tiene que pedir el mismo estándar, a menos que se quiera que el puneño sea un ciudadano de segunda categoría, tanto en el país como en el mundo. El estándar que hay que fijar debe ser común, mínimo y observable. Debe incluir lo que se quiere y también un indicador de logro. La virtud de un currículo por competencias es que no se basa en lo que se tiene en la cabeza, sino en lo que se es capaz de hacer. Se debe tener conocimientos, destrezas y aptitudes, pero lo que se evalúa es lo que se puede hacer. Eso es lo que hay que desarrollar, pese a la resistencia.

Eso parece técnicamente posible. ¿Lo es también políticamente?
Lo que debe quedar claro para todos es que va a seguir produciéndose tensión. No hay manera de salir de este marasmo sin tensión. Los profesores que no tienen las competencias tienen que saber que no las tienen y además tienen que saber qué es lo que deben hacer para tenerlas. Y también tienen que saber que si no las logran, es mejor que se dediquen a otra cosa. El Estado debería ser capaz de ofrecerles una forma de salir, de manera que se mitigue el problema. Pero lo que hay que proponerse como país es que en un plazo cercano tengamos a los alumnos atendidos por profesores competentes.

¿Cuán importante es el presupuesto en la solución del problema?
La solución es costosa políticamente y también económicamente. No podemos sostener una educación con el gasto per cápita que tenemos ahora. Contra lo que dice muchísima gente, nuestro Estado es ínfimo. Deberíamos tener una contribución tributaria mayor.

Esas pueden parecer malas noticias.
Son malas noticias. Es decir, no hay modo de resolver esto, de cambiar la educación, sin afectar el bolsillo de la sociedad y sin decirles a los profesores: "Eso que tú creías que es un derecho adquirido no es un derecho adquirido, pues aquí hay un conflicto de derechos: tu derecho y el derecho de los alumnos, y la sociedad debe poner por delante el derecho de los alumnos". Y el ministro de Educación, quienquiera que sea, también tiene malas noticias, pues va a tener que administrar un problema serio. Claro que a cambio podría tener más recursos y una partitura más clara, que sería la que la misma sociedad se da.

"Los padres de familia son el elemento clave"

¿Hay alguna manera de incorporar al Sutep a la solución del problema educativo nacional?
Pregunta complicada. La dinámica del gremio está liderada por la mayoría que ocupa las plazas. El Sutep, en realidad, tiene una membresía muy pequeña, pero su capacidad de movilización es mucho mayor justamente porque defiende a la mayoría. Si la mayoría no sabe matemática, el Sutep defiende que no hay que saber matemática; si la mayoría no comprende lo que lee, el Sutep defiende que no hay que comprender lo que se lee.

La estabilidad laboral siempre antes que la educación.
Así el sistema educativo se desnaturaliza y sus funciones, que son educar y desarrollar las capacidades necesarias para vivir como ciudadano en la sociedad, como miembro eficaz del aparato de crecimiento y sostenimiento de la sociedad, se pierden. Y el sistema de educación pasa a ser el sistema de empleo y de contención social del grupo laboral más grande que existe en este país.

Así ha sido desde hace por lo menos tres décadas.
Mal que bien, la población está resignada ante esta situación. La abundancia de malas noticias paraliza. Los padres de familia no están exigiendo que sus hijos no sean promovidos de año hasta que no aprendan. Más bien quieren que los aprueben. Y bastante más del 50% de los alumnos de 15 años que están en tercero o en cuarto de media han aprobado los años anteriores sin saber leer correctamente, y esto ha sido mirado con indiferencia por todo el mundo.

¿Tampoco se cuenta entonces con los padres de familia para cambiar la educación?
Al contrario. Los padres de familia deben ser el elemento clave, pues solo si es que hay demandas fuertes de los padres, que son los más interesados en que sus hijos sean más que ellos, se movilizará al conjunto de la sociedad. Es el sueño de los padres de familia el que ha construido el sistema educativo que tenemos. La consigna fue: "Todo niño --mi hijo--, para ser mejor, tiene que estudiar". Los padres se organizaron, construyeron colegios, contrataron profesores e impusieron el pago de estos al Estado. Lo que hay que hacer ahora es plantearles claramente qué estándares deben exigir para sus hijos.

LA FICHA
Nombre: Juan Fernando Vega.
Nacimiento: 6 de mayo de 1952.
Estudios: Sociología en la PUCP y Filosofía en Italia.
Trayectoria: Jefe de la oficina de planificación del Ministerio de Educación en los años 90. Asesor del plan de gobierno de Unidad Nacional en el tema de educación en el 2006. En la actualidad es coordinador en la Dirección de Asuntos Académicos de la PUCP. En el 2005 publicó el libro "Para que la educación (pública) eduque".