Resurrección tras la barbarie

Por Norka Peralta Liñán

Tantas veces me mataron
tantas veces me morí,
sin embargo estoy aquí
resucitando.
Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal
porque me mató tan mal,
y seguí cantando (...)
María Elena Walsh

La anciana abre la puerta y salen, despavoridos, dos perros y los recuerdos de un hombre que no está en casa hace 19 años. Los perros son guardianes de las ruinas de un hogar que no existe más. Un espacio polvoriento y vacío debió ser la sala; el hollín en las paredes delata lo que fue una cocina familiar; ese cuarto triste y oscuro tuvo que ser el dormitorio; hay también un jardín donde tunas y paltas sobreviven, tercas, como la anciana que ahora se seca las lágrimas con la pollera.

"Cuando a una se le muere el hombre, la casa también se muere", dice ella y ofrece disculpas por su pena telúrica, cuyo epicentro es esta casa sin él.

Ella es Basilia Gonzales viuda de Mauro Villanueva, un hombre que fue asesinado, presuntamente por terroristas, el 27 de mayo de 1989. En Huanta, la conocen como Mamá Basilia. No vive en la casa que agoniza, porque no soporta los recuerdos. Habita otra a pocos metros de distancia, en el poblado de Quinrapa, que se repobló cuando cesó la violencia que puso entre dos fuegos a Ayacucho de 1980 al 2000. Mamá Basilia preside ahora la organización de víctimas de Quinrapa.

En esos años se registraron 69.280 fallecidos, medio millón de desplazados de sus comunidades, 4.414 desaparecidos y 1.372 detenidos injustamente en el país, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Ayacucho concentra el 50% de esos muertos y desaparecidos.

RESUCITAR DÍA A DÍA
Hoy, los sobrevivientes de los abusos de los terroristas y de las fuerzas del orden viven el día a día como Mamá Basilia. El llanto prosigue a sus historias. Otros prefieren no hablar de lo que padecieron. "Es como si nos volviera a pasar otra vez", dice Severino Robles, actual teniente alcalde de la localidad de Chihua. A los 19 años fue acusado de terrorismo y debió pasar diez años en prisión, sin sentencia.

Otros síntomas clínicos evidencian ese dolor masivo que arrastra Ayacucho: migrañas, depresión, angustia, insomnio, irritabilidad, ansiedad, la seducción del suicidio. La suma de estos malestares se denomina estrés postraumático, refiere Javier Saavedra Castillo, director ejecutivo de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental.

Un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental realizó en el 2003 un estudio en 20 mil personas de 17 ciudades del país que determinó que la prevalencia de patologías mentales es más alta en la población ayacuchana que en aquellas que no sufrieron los estragos de la guerra interna. Sin embargo, la región solo cuenta con siete psicólogos y un psiquiatra para atender a toda la población.

El reporte de atenciones en la Dirección Regional de Salud de Ayacucho durante el 2007 señala que ese año 18.401 personas buscaron atención especializada en salud mental por problemas vinculados a la violencia familiar, trastornos depresivos, abuso de alcohol y drogas, trastornos psicóticos, intentos de suicidio y ansiedad.

Vladimir Estrada, el único psicólogo de Huamanga, cree que la creciente demanda en atención en salud mental tiene como raíz las secuelas dejadas por lo que él llama guerra. "Al terminar la guerra los efectos fueron fatales en las familias. Los jóvenes de entonces ahora son padres que no han superado esa experiencia y no saben tratar a sus hijos y parejas. Por eso hay mucho maltrato al niño y a la mujer", señala el psicólogo.

Ruth Lunazco es una joven vivaz que dirige la Casa de la Memoria de Huanta, donde se difunde la historia de la violencia sufrida por esta provincia, y orienta a los dirigentes de las comunidades altoandinas sobre el proceso de inscripción en el registro único de víctimas que promueve el Consejo de Reparaciones. Esta labor le ha permitido viajar mucho, pero hasta ahora no es capaz de llegar a Santillana. En ese distrito mataron a su padre en 1984. "Acusaron a mi padre de algo y por eso los terroristas lo mataron de un balazo en la cabeza. Después secuestraron a mi mamá durante un mes porque decían que informaba a la policía sobre lo que estaba pasando en el pueblo. Éramos seis hermanos, pero el menor murió durante el encierro de mi mamá. No puedo volver a ese lugar. Odio a esa gente que acusó a mi papá. Es algo que no se puede olvidar y da cólera".

Según Estrada, la sociedad ayacuchana, sobre todo la campesina, fue desarticulada. "El tejido social se quebró. En muchas localidades, se perdió el sentido de la minka y la mita (trabajos comunitarios) por la guerra. La gente dice "por qué voy a ayudar al otro si ha incriminado a mi padre y, por eso, lo mataron".

HERIDAS POR CERRAR
"Los corazones de los afectados no se han recuperado", musita Felícita Huamán, presidenta distrital de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil y Afectados (Adoscia), mientras revisa las fotografías de una decena de desaparecidos del distrito de Huamanguilla. Ya no es más la niña que temía que los marinos le cortaran las trenzas si llegaba tarde cuando hacían sonar la campana para reunir a la población en la plaza del pueblo por cualquier cosa. Hoy solo quiere reunir las fotografías de los 50 muertos y 200 desaparecidos de Huamanguilla para formar un museo en su memoria.

Para Adaluz Rojas, del Movimiento Laico de América Latina (MLAL), esa necesidad por recuperar la memoria reciente de Ayacucho tiene un efecto terapéutico. "La gente necesita espacios donde expresar lo vivido y ser apoyados por especialistas en ese proceso de superar resentimientos, tristeza y deseos de venganza".

En mayo se iniciará en Huanta el registro de víctimas de la guerra interna. Hace una semana, Máximo Lozano, presidente de la Junta Directiva de Campesinos de Ayahuanco, caminó dos días hasta Huanta para saber cómo incluir allí a los muertos de su pueblo. Perdió a su esposa y a su hijo en esos años que enlutaron Ayacucho, hoy solo quiere contar la historia de Ayahuanco. "Hay que cerrar nuestras heridas". Que así sea, don Máximo.

La tortura se hereda en Huanta
Un estudio realizado por el psicólogo Vladimir Estrada ,en el colegio Esmeralda de los Andes del distrito de Huanta (el distrito que más sufrió la violencia política en el país), determinó que los niños eran maltratados físicamente por sus padres, maestros o por otros familiares. En muchos casos, un solo niño dijo recibir el maltrato de hasta tres agresores distintos. Algunos menores denunciaron con sus dibujos torturas vividas por sus padres de niños y que hoy, en algunos casos, usaban contra ellos.

Mañana
El Perú aún no cuenta con un plan nacional en salud mental.