Una deuda que tiene que saldarse

Por Norka Peralta Liñán

"Alguien limpia la celda de la tortura/ lava la sangre/ pero no la amargura", escribió Mario Benedetti. Los montes verdes y repoblados de los distritos de Huanta, Huamanguilla, Iguaín son una postal preciosa, casi bucólica, que se conserva en el alma. Allí está su gente, temerosa aún, bajando a su tierra desde las comunidades altoandinas a las que huyó en los años de violencia política. Allí están sus campos, puestos a cultivar nuevamente. Y, sin embargo, allí también está el dolor. Basta hacer zoom para descubrir la amargura en esta postal.

Podríamos decir, por ejemplo, que Candelaria Pino aún llora por el cuerpo de Filiberto Condori, su amado esposo que desapareció el 27 de julio de 1983 y no volvió más. "Se lo llevaron los marinos que recién formaban su base en Huamanguilla. Se lo llevaron con otros hombres del pueblo. A las dos semanas todos, menos él, regresaron. Quisiera, al menos, que me dijeran dónde está".

Podríamos también buscar a Bertha Huamán Oré (23), huérfana de padre y madre, a la salida del colegio de Huamanguilla, donde se prepara para postular a la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y preguntarle cómo podríamos hacer para que durmiera tranquila y feliz.

O preguntarle a Hiliadez Muñoz si cree que algún día la gente de Iguaín, el pueblo que se ha esforzado por repoblar, dejará de llorar con amargura a sus muertos.

LA REALIDAD EN CIFRAS
O podríamos, para los que gustan de la estadística, remitirnos a los números de atenciones de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho en el 2007. Más de 18 mil atenciones en salud mental, de las que 13.497 casos estuvieron relacionados a violencia familiar, 3.122 a trastornos depresivos y 1.072 a abuso de alcohol y droga. También se trataron 306 casos de intentos de suicidio. Casi un suicidio frustrado al día en un año.

Y, sin embargo, el personal especializado en salud mental es escaso. El Ministerio de Salud dice que Ayacucho tiene siete psicólogos y un psiquiatra. Pero hasta la semana pasada no había psiquiatra en la región. Tampoco basta. Según el psicólogo Vladimir Estrada, quien trabaja en Huamanga, un solo psiquiatra no alcanza para recetar psicofármacos en todo Ayacucho.

El déficit de psiquiatras en el país es crítico. De los 411 que existen, el 60% trabaja en Lima. Tampoco bastan los psicólogos. Se estima que un psicólogo puede atender de 12 a 14 personas al día. Pero la peor barrera de los psicólogos de Lima e Ica que trabajan en provincias es el idioma. Si no dominan el quechua jamás lograrán acercarse a sus pacientes. En Ayacucho, como en otras regiones del interior, no hay una facultad de psicología.

COMUNIDADES SALUDABLES
Según la congresista Elizabeth León Minaya, de Unión por el Perú (UPP), la atención de la salud mental de las víctimas de la violencia política es una deuda pendiente del Estado. Pero hasta el momento no hay una ley que empiece a saldar esta deuda.

Desde el 2006 un grupo multisectorial se reúne en Ayacucho y Lima para dar cuerpo a un proyecto de ley que, además del enfoque clínico, ha incluido en el documento el concepto que el tratamiento de la salud mental debe ser comunitario. Se debe mejorar las condiciones de vida comunal para prevenir o recuperar los vínculos personales, familiares y comunales dañados por la pobreza, la violencia, las llamadas relaciones de género, la inequidad y dominación.

Además de abordar la situación de las víctimas del terror, el proyecto pone énfasis en el tratamiento de las víctimas de catástrofes naturales, así como de grupos vulnerables, como mujeres, niños y personas discapacitadas. El proyecto está casi listo y pronto podría ingresar a la Comisión de Salud del Congreso. Se espera que se convierta en ley antes del término de la actual legislatura.