Por Manuel A. Rosas. Decano Colegio Abogados de Piura
Todos los años, la compleja maquinaria burocrática del Poder Judicial sufre una paralización de dos meses, a causa de las vacaciones de sus integrantes que hacen uso de este derecho laboral en dos tandas, durante febrero y marzo.
Aparentemente, y de acuerdo a la planificación que hacen sus autoridades, no tendría por qué producirse este problema debido a que los magistrados, auxiliares y empleados que toman el disfrute vacacional en marzo deberían quedarse atendiendo la carga procesal de sus despachos, más la que corresponde a los que salen en febrero. Y viceversa, cuando aquellos retornen a sus labores tienen que atender su propia carga más la de aquellos que están gozando de lo propio en marzo.
Sabemos que en la práctica ello no sucede. Por una serie de razones, los magistrados y sus colaboradores, durante febrero y marzo no despachan ni resuelven con la celeridad que requiere la justicia para ser un buen servicio público. Ni siquiera el auxilio de la informática y de otros beneficios ha logrado que los miembros del PJ puedan desempeñar sus labores con normalidad.
En un país como el nuestro en que se requiere de una justicia pronta y eficaz para que el bienestar y la tranquilidad puedan crear ese clima de paz social, indispensable para el desarrollo, resulta difícil entender por qué las vacaciones en los fueros de este poder no se programan, como en los demás predios de la administración pública, a lo largo del año y por turnos, para que no se sienta este malestar que hoy se experimenta al tener dos meses de caminar muy lento en los ya muy congestionados juzgados y salas. Con un rol de vacaciones diseñado técnicamente, de acuerdo con la realidad de cada distrito judicial, se podría tener a magistrados y empleados de vacaciones sin que ello implique malestar para el público.
A los propios magistrados les vendría mejor una programación de esta clase, pues así no se verían obligados a disfrutar de este merecido descanso anual en los mismos meses.
Antaño las vacaciones judiciales paralizaban completamente la administración de justicia en todo el Perú, desde el 14 de enero hasta el 18 de marzo. Eran otros tiempos aquellos cuando se decía que "se cerraban los puntos" y no había nada que hacer sino esperar con paciencia que los jueces retornen a sus oficinas. Ahora necesitamos que la justicia se agilice cada día y que se saque el mayor provecho a las horas útiles, sin interrupciones, para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos dentro de los horarios y los plazos que correspondan. La justicia sin celeridad deja de ser justicia, reza un viejo aforismo que hoy cobra nueva vigencia en el Perú.