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EN BUSCA DE UN ACUERDO HUMANITARIO

Carrera contra el tiempo para salvar a Ingrid Betancourt

Colombia ofreció liberar a subversivos de las FARC a cambio de rehenes. El grave estado de salud de la colombo-francesa fue el detonante

Por Susan Abad. Corresponsal

BOGOTÁ. El grave estado de salud de la política Ingrid Betancourt llevó al Gobierno de Colombia a ofrecer la excarcelación de un número indeterminado de subversivos de las FARC, incluso los condenados por delitos de lesa humanidad, a cambio de que liberen a la ex candidata presidencial y demás secuestrados que el grupo terrorista mantiene como 'canjeables'.

En una lucha contra el tiempo para salvar la vida de la ex candidata presidencial, que en febrero pasado cumplió seis años de rehén en la selva, el presidente Álvaro Uribe firmó la noche del jueves un decreto que permite que el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario sea la liberación de los secuestrados.

El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, explicó que para efectos del decreto "basta, simplemente, con que la doctora Ingrid Betancourt sea liberada". Sin embargo, en horas de la noche el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, aclaró que apoya el decreto si se entregan a la totalidad de los secuestrados y luego de que se concrete el acuerdo humanitario.

Uribe recordó que el Gobierno tiene un fondo de 100 millones de dólares para los insurgentes que abandonen las filas de las FARC y liberen a los rehenes.

OPTIMISMO Y CAUTELA
La decisión fue bien acogida en general por los familiares de la ciudadana colombo-francesa y de los demás rehenes, así como por la opinión pública, que se mostró conmovida nuevamente con la situación de los retenidos.

Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, dijo esperanzada que "Dios quiera que sea positivo y que se salve a Ingrid", mientras que, desde París, el hijo de la rehén, Lorenzo Delloye, manifestó que las FARC "deben aprovechar esta ocasión porque la situación física de los rehenes es muy grave y porque es su última oportunidad de ser consideradas algo más que una organización terrorista".

Por el contrario, el esposo de Betancourt, Juan Carlos Lecompte, no se mostró tan optimista. "El Gobierno está tratando de salvar su responsabilidad frente a un eventual desenlace fatal. Están diciendo 'nosotros hicimos todo lo que pudimos', pero en el fondo no están solucionando el problema" opinó.

Los rehenes liberados le enviaron mensajes radiales de aliento a su ex compañera de cautiverio.

Clara Rojas, que fue secuestrada junto con Betancourt y liberada el pasado 10 de enero, le pidió no perder las fuerzas y clamó para que las FARC digan dónde está la rehén para que el Gobierno Venezolano y la Cruz Roja la recojan, como hicieron con ella.

Gloria Polanco, que también estuvo secuestrada por seis años, habló con voz cortada por el llanto: "Ingrid, recuerda cómo me pedías que resistiera cuando sentía desfallecer, hoy te lo pido a ti".

El jueves pasado, el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, aseguró que la salud de Betancourt, atacada por leishmaniasis (enfermedad parasitaria que afecta la piel, mucosas y vísceras) y hepatitis B, empeoró tanto que las FARC tuvieron que hacerla atender en puestos médicos del departamento de Guaviare.

Ayer, el sacerdote católico Manuel Mancera,, que trabaja hace varios años en la región, confirmó tal versión y aseguró que al menos 200 subversivos custodiaban a Betancourt en febrero cuando fue llevada al puesto médico de El Capricho para que fuera atendida.

LAS PRECISIONES
Los 'canjeables'
Un total de 40 políticos, militares y policías (incluyendo a tres estadounidenses) esperan en las selvas a ser canjeados por unos 500 militantes de las FARC presos en un eventual acuerdo humanitario.

Liberación unilateral
El gobierno de Álvaro Uribe excarceló en junio del 2007 a más de 150 insurgentes, entre ellos Rodrigo Granda, considerado el 'canciller' de las FARC, buscando un gesto recíproco del grupo terrorista.

Despeje
Las FARC han liberado a seis rehenes este año, pero insisten en que para la liberación de los restantes secuestrados el Gobierno debe desmilitarizar 800 km2 de territorio en el suroeste del país.

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