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La voz que ya no se escucha

Por Renato Cisneros

Si uno oye la expresión 'oficial mayor' sin estar familiarizado con el diario acontecer del Congreso podría pensar que se está hablando de un policía viejo, literalmente un oficial--mayor.

Pero quienes viven metidos en el teatrín de la política saben que ese personaje es el actor administrativo más importante del Parlamento. De hecho, es uno de los funcionarios de más alta jerarquía en la administración pública y su puesto puede tranquilamente equipararse al del secretario general de la Presidencia de la República o incluso al de un viceministro de Estado.

El Congreso tiene oficiales mayores desde 1822. Desde entonces, la función principal es la misma: darles a los parlamentarios los recursos reglamentarios y normativos para que desempeñen bien la representación.

Algunos oficiales duraron varios años en el cargo, como Juan Martín Garro (1827-1849), Ricardo Ríos (1911-1945) o Ismael Echegaray (1950-1972). El último que pasó un buen tiempo en la función fue José Cevasco Piedra, quien dirigió la oficialía desde 1993 hasta 2002 para luego retomarla entre el 2006 y el 2007.

Hace nueve días el ex oficial mayor, José Abanto Valdivieso, renunció luego del escándalo que significó la adulteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Como se recuerda, él y otros dos funcionarios del Legislativo fueron señalados como responsables de que se incluyera en esa norma una disposición por la cual los ministerios podrían contratar nada menos que a un equipo extra de asesores.

Al existir la sospecha de que alguien pudiera haber digitado esa maniobra (acaso un congresista del oficialismo, acaso un funcionario del Consejo de Ministros), el Parlamento decidió iniciar una investigación. Mientras tanto --a raíz del caso Abanto, pero también del caso Cevasco, quien renunció el año pasado ante Mercedes Cabanillas luego de la bochornosa elección de un miembro del Tribunal Constitucional que jugaba en pared con contactos montesinistas--, muchos se preguntan por qué en el último tiempo el oficial mayor se ha convertido en una figura tan vulnerable o, si se quiere, tan proclive a la inmolación.

EL TESTIMONIO DE UN EX
Para el experimentado José Cevasco, la salida de Abanto estuvo precedida de presiones externas. Él cree que el oficial mayor tiene que saber blindar la institucionalidad del Congreso y no ceder ante requerimientos que no estén en un marco constitucional.

"Tú no puedes ceder a una presión de forma natural o inmediata, tienes que persuadir al político para que no te presione y para que transforme esa presión en una iniciativa legislativa".

A Cevasco le tocó renunciar dos veces al cargo; curiosamente en la misma fecha. Una fue el 18 de junio de 2002 y la otra el 18 de junio del 2007. Solo un detalle hace que la coincidencia sea irónica: el 18 de junio Cevasco cumple años. "Odio mi cumpleaños", nos dijo por teléfono, desde Bogotá, a donde viajó por sus labores en la secretaría nacional del Parlamento Andino.

"El 2002 salí por una decisión del presidente de entonces, Carlos Ferrero. Él propuso mi salida y el Consejo Directivo aprobó dispensarme del cargo. El 2007, en cambio, renuncié por un asunto netamente político".

A pesar de esos sucesos desagradables, él dice llevarse bien con Ferrero y con Cabanillas, los presidentes que lo vieron irse.

"Con Cabanillas nunca hemos hablado del tema, pero no creo que la relación amical se haya resentido. Con Ferrero tampoco hay resentimientos. Lo he encontrado varias veces fuera del Congreso, nos hemos saludado, hemos tomado café y, es más, me dio algunas sugerencias para un libro que estoy por publicar".

Cevasco --que vivió la crisis del fujimorismo y que vio pasar por la Mesa Directiva a nueve presidentes (Jaime Yoshiyama, Víctor Joy Way, Martha Chávez, Carlos Torres y Torres Lara, Martha Hildebrandt, Francisco Tudela, Luz Salgado, Valentín Paniagua y Carlos Ferrero)-- no duda en mencionar al que, según él, ha sido el titular que mejor entendió su labor: Torres y Torres Lara.

Para evitar más manoseos, él sugiere que se refunde la oficialía. "Que se termine con el nombre de oficial mayor y se coloque a un secretario general, como ocurre en la mayoría de parlamentos del mundo".

OTRAS VOCES: FERRERO Y ÉLICE
Al mencionarle el caso Cevasco, Carlos Ferrero devuelve una explicación seca y directa. "Perdió mi confianza. No hubo una razón específica, simplemente la perdió; de todos modos no lo saqué, lo dejé como asesor".

Respecto del caso Abanto y del cambio que se le hizo a la LOPE, el ex presidente del Congreso comparte la impresión general: alguien más tuvo algo que ver.

"Esas cosas no las hacen los funcionarios solos. El congresista que ha respondido por el proyecto tiene que autorizarlo. Algo aprobado en el Pleno nunca pasa directamente a la administración. Primero tiene que ser revisado por el congresista responsable, el que movió el proyecto. Eso debe investigarse".

Ferrero cree que la presencia de un oficial mayor es imprescindible. En su opinión, es un personaje clave que cumple una labor muy funcional. "Es el brazo derecho del presidente, pero hay que formar a algunos muchachos, porque ya se está acabando el manojo de funcionarios que podrían ocupar el cargo".

De otro lado, José Élice, ex oficial mayor (2002/2003 y 2003/2006) y actual secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), coincide en que es conveniente que se incluya la figura de un secretario general en lugar de la de un oficial mayor.

"De una vez debería cambiarse. Hay parlamentos donde existe un oficial mayor, pero como una figura tradicional; sin embargo, también hay un secretario general que hace el verdadero trabajo administrativo".

Para él, el oficial es una suerte de guardián de la institución, que no tiene por qué ser muy poderoso, pero sí tiene que ser independiente, muy firme y estar en el lugar adecuado. "Hay que entender que se trata de un funcionario de primer nivel. Lo que ha pasado en los últimos años es penoso para la figura del oficial mayor", subraya.

Consultado sobre la renuncia de José Abanto, Élice está seguro de que el funcionario hizo bien en renunciar. (Al cierre de esta nota, Abanto sigue en el cargo, luego de que el Parlamento decidiera que el funcionario permanezca en el puesto por lo menos 45 días más).

Élice afirma contundente-mente que la PCM no hizo ninguna propuesta, ni dio instrucciones u órdenes para que algún congresista o funcionario cometa alguna irregularidad.

DOS TESTIGO DE AFUERA
El experimentado periodista de esta casa Jorge Saldaña, que cubre las sesiones del Congreso desde hace 24 años, sostiene que entre los años 80 y 90 el oficial mayor tenía más estabilidad porque la estructura parlamentaria era más sólida y más respetada por los políticos.

"En abril del 92, con el quiebre del escenario político, también se quiebra el sistema parlamentario. En el 93, los cargos directivos fueron ocupados por oficialistas y el oficial mayor pasó a ser un personaje manipulable. Se convirtió en un instrumento más del poder político ante que un contrapeso institucional".

Para ilustrar su idea, Saldaña pone como ejemplo el caso de la audiencia reservada que hace poco pidió el congresista Mauricio Mulder para que el Pleno corrigiera su posición respecto de la necesidad de acusar a Tula Benites. El pedido, que no tenía precedentes ni razón de ser, no fue observado por el oficial mayor.

"Antes, cuando había sesiones en las dos cámaras, había un respeto escrupuloso y obediencia del presidente hacia el oficial mayor. Hoy no. Me parece que la buena o mala función del oficial depende del entorno en el que se mueve. A mayor nivel de los parlamentarios, mayores reflejos y preparación del oficial. Pero si el auditorio tiene una talla intelectual baja, el oficial se prestará a la manipulación"

Finalmente, María Lila Iwasaki, directora de Reflexión Democrática, entidad que evalúa la producción legislativa, también cree que el error técnico que motivó la salida de Abanto tuvo intereses oscuros.

"Que haya habido un cambio en la autógrafa de una ley quiere decir que hay controles internos que no se están respetando. No es posible que en menos de un año haya habido dos cambios de oficial mayor".

Para ella, todo este desbarajuste administrativo ocurre, entre otras cosas, porque falta una reforma real del Congreso de la República.

"Pero esa reforma debe realizarse dentro de la reforma del Estado y no a través de una reforma constitucional".

DEL CONSULTOR
HENRY PEASE GARCÍA. Ex presidente del Congreso

El papel del oficial mayor
Los dos últimos oficiales mayores han renunciado tras hechos que no pueden tener solo responsables administrativos. Allí se centra la noticia y sospechamos que hay quienes quisieran que todo quede en ese nivel. Por eso crece la opinión de que allí la soga se rompe por el lado más débil. Alterar el texto de una ley no es algo verosímil sin intervención política, menos aun si el cambio no termina en una incongruencia del texto sino, como esta vez, en otra opción de política. Pero de inmediato se pasó a responsabilizar a los funcionarios. Se habla de la intervención de un congresista. ¿Se le ha investigado? No. Pero ya comienzan a rodar cabezas de funcionarios.

Antes de que firme el presidente del Congreso, la autógrafa es revisada y rubricada por el director general parlamentario y el oficial mayor. Ellos dan fe ante el presidente de que el texto es, exactamente, lo que votó el Pleno. Solo así pueden firmar el presidente y un vicepresidente pues su función no permite manejar ni revisar todo el articulado.

Aquí se ha hecho firmar al presidente un texto distinto del que fue votado y quienes tenían la función de detectar el cambio o no lo detectaron o se coludieron con el interesado en cambiarlo. En el primer caso es una grave falta administrativa. En el segundo caso es un delito y hay que investigarlo. Aquí tampoco hay "obediencia debida" a nadie.

El servicio parlamentario actúa dando fe del cumplimiento de determinadas reglas del juego y el oficial mayor es la cabeza del sistema. Es imposible que no le alcance responsabilidad. Para evaluarla hay que ver si sus subalternos cumplieron su deber. No tiene razón de ser su firma si no supervisa lo actuado y si firma confiando y sin leer tiene que asumir las consecuencias.