Proponen un órgano de control para el personal civil en el Poder Judicial

El Poder Judicial evalúa presentar un proyecto de ley para establecer qué órgano es el competente para sancionar a aquellos representantes de la sociedad civil que forman parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, anunció el titular de ese poder del Estado, Francisco Távara.

Consideró que existe un vacío normativo en este sentido, por lo que la Corte Suprema propondrá un proyecto de ley para precisar y conocer qué organismo es competente para investigar y sancionar a los representantes de la sociedad civil.

En entrevista a Radio Nacional, Távara reconoció que esta iniciativa surge luego de la denuncia periodística contra Luis Mena Núñez, representante de los Colegios de Abogados en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por supuesto tráfico de influencias a favor de una empresa hotelera en problemas judiciales.

Según Távara, el Consejo Ejecutivo puso el hecho en conocimiento de la Junta de Decanos que elige al representante de los colegios de abogados para que investigue a Mena Núñez, mientras que el Ministerio Público también inició una investigación.

"Sin prejuzgar hemos dejado que los organismos competentes definan su responsabilidad porque el Consejo Directivo no tiene facultades para suspender a alguno de sus miembros", subrayó.

En mayo se fijaría la fecha para elegir al reemplazo de Mena Núñez.

Távara explicó que en otros casos se encuentra definida la competencia de los organismos. Puso como ejemplo que un vocal supremo es sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y un juez por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), por lo que quedó evidenciado que no existe ningún órgano de control para quienes no pertenecen a la judicatura.

Anunció la creación de oficinas de imagen institucional en las 29 cortes superiores de justicia en el país, para tener un diálogo fluido con los medios de comunicación y hacer conferencias de prensa cada 15 días.

MÁS DATOS
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4En ambas localidades trabajarán 112 fiscales y 30 nuevos especialistas en salud y medicina legal, quienes brindarán sus servicios a las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, en Tacna, y a Mariscal Nieto, Ilo, General Sánchez Cerro e Ichuña, en Moquegua.