Por Luis Davelouis Lengua
Si todo sale como pretende el Ejecutivo, mañana el pleno del Congreso votará la reconsideración al proyecto de ley aprobado por él mismo el jueves de la semana pasada que busca la eliminación de las restricciones al uso del crédito fiscal del IGV. Y si consigue al menos 61 votos, el fondo de la norma deberá ser nuevamente debatido y votado. El Ministerio de Economía (MEF), la Sunat y ahora la Célula Parlamentaria Aprista sostienen que la aprobación de la ley, tal y como está, es anticonstitucional (porque permitiría la retroactividad al afectar casos en pleno proceso) y dejaría vacíos que podrían ser utilizados por personas inescrupulosas para evadir impuestos.
VOTO SIN MIRAR
El congresista de Unidad Nacional y miembro de la comisión de Economía, Johny Peralta, quien votó a favor de la norma, sostiene ahora que está de acuerdo con la flexibilización de la norma de crédito fiscal del IGV, pero no con la eliminación de algunos requisitos sustanciales que "podrían tener efectos negativos para la recaudación y la economía". Aclaró que si no es aprobada la reconsideración, siempre se puede recurrir "a modificaciones posteriores". La propuesta, como se recuerda, fue presentada por su bancada.
El también miembro de la comisión de Economía (que votó a favor de la norma tal y como está), el congresista de Unión por el Perú, Isaac Mekler, está de acuerdo con la flexibilización de la norma y con reconsiderarla, pero rechaza la forma en que será procesada.
"La norma nos la vendieron como una manera de contrarrestar la presunción de culpabilidad que pesa sobre todos los contribuyentes por parte de la Sunat: el contribuyente nunca se equivoca, sino que es tramposo", explicó. Responsabilizó a la bancada aprista de la aprobación de la ley, pues "cuando tienen real interés en que alguna norma se apruebe, ponen a funcionar su maquinaria, se mueven extraordinariamente bien y siempre consiguen los votos extra que necesitan. Pero como ni el ministro ni el funcionario son apristas, no les interesa, y no es la primera vez que sucede". Agregó que el tema de la recaudación es esencial y la bancada aprista no lo ha tomado en serio. "No sabemos cuál sería el impacto en las arcas fiscales ni en qué se tendría que recortar el gasto si así sucediera, ni cuál sería el impacto en la inversión pública. No ha existido un debate serio ni nada por el estilo, y eso es su responsabilidad". De proceder la reconsideración, el debate se abriría nuevamente.
JUSTO Y NECESARIO
El presidente de la Confiep, Jaime Cáceres Sayán, dijo que "de ninguna manera se puede dar marcha atrás con esta ley. Si el Ejecutivo considera que hay algunas rendijas en la legislación, se puede hacer modificaciones posteriores, pero por ahora creo que hay que reconocerle al Congreso que ha asumido su labor de legislar en materia tributaria, cual es su facultad, porque esta ley la estamos esperando desde hace mucho tiempo".
Insistió en que con la ley se trata de ayudar a las pequeñas empresas, "que no tienen la logística ni los medios para tener grandes estudios de contabilidad a su servicio y por eso se equivocan más y son las más afectadas".
SEPA MÁS
Sandro Fuentes, abogado tributarista del estudio Rodrigo, sostuvo que lo que se busca con la ley es "dejar de castigar a quien no lleva culpa". Explicó que la Sunat debe supervisar a quien emite las facturas, pero sanciona tanto al emisor como al receptor, quien al recibir una factura que puede contener un error "tan tonto como no ser del tamaño adecuado", se convierte "automáticamente en cómplice" y es castigado.