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El desagravio que se merece una ley adulterada

Por: Juan Paredes Castro |

Este es un asunto que no tiene que pasar por una ley. Se trata simplemente de una decisión gubernamental en bien de la buena gestión del Gobierno y de la calidad de las leyes del país.

La experiencia de la adulteración de la ley orgánica del poder ejecutivo (LOPE) tenía precisamente el objetivo de institucionalizar dentro de todos los ministerios (oh, bendita burocratización) algo así como comités de coordinación y asesoramiento entre el Gobierno y el Congreso.

Si la adulteración hubiera pasado inadvertida ni Alan García ni Jorge del Castillo habrían podido dar marcha atrás en la inflación de nombramientos y contratos de no pocos buenos para nada. Hace mucho sugerimos en esta columna la designación de un oficial mayor (el nombre puede ser otro) al más alto nivel como enlace entre el Gobierno y el Congreso para añadirle un plus de eficiencia al curso de los proyectos de ley y su paso por comisiones y plenarios y al trámite de cuanto asunto adicional más suele verse entre estos dos poderes del Estado. Ya no estamos para seguir confundiendo la separación de poderes en nuestro sistema político y constitucional con compartimentos estancos.

Los nuevos tiempos de eficiencia en política exigen más bien que entre Gobierno, Congreso y Poder Judicial, para citar solo a tres de los clásicos, exista la mejor coordinación posible, pero desde una mirada doble, de afuera hacia adentro y de adentro hacia fuera, respecto del otro poder o de los otros poderes.

Y si es posible pensar en un oficial mayor del Gobierno, ¿por qué no pensarlo también en función del Poder Judicial y del Ministerio Público, que muchas veces tienen que exponer a sus titulares de sector en el rito y el oficio vergonzoso de tocar las puertas de congresistas o funcionarios de ministerios para resolver sus problemas presupuestales.

Necesitamos dar majestad a nuestros poderes públicos, pero también una coordinación eficiente entre ellos, sin que tengan que mediar innecesarias citas cumbres de presidentes de poderes, que no sirven sino, la mayoría de veces, para ofrecer una constancia fotográfica.

El mejor desagravio que puede hacérsele a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo por la adulteración de que fue víctima es pensar desde ahora, justamente para darle vuelo en vida, en el nombramiento de un equivalente al oficial mayor del Congreso, adscrito al Ejecutivo.

En poco tiempo habremos acabado con tantos coordinadores y asesores en los ministerios que Luis Carranza estará feliz de ahorrarse algunas planillas inútiles.