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La disyuntiva del ministro Alva Castro

Por: Juan Paredes Castro |

En tanto se esclarece la acusación fiscal por la presunta muerte de dos campesinos ayacuchanos a manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, salta una vez más a la vista la cortísima distancia que media entre las responsabilidades subalternas de esta institución y las que termina asumiendo, políticamente, el titular del sector Interior.

Claro que el señor Luis Alva Castro es y será, legal y constitucionalmente, el responsable político de la actuación de la PNP frente a la turba que esta tuvo que enfrentar durante el paro agrario de febrero pasado en Huamanga. Pero quien, antes que él, debería cargar con el pasivo y activo de esa actuación, tendría que ser el jefe de la Policía Nacional, es decir el general Octavio Salazar, y antes, tal vez, el general jefe de la región correspondiente.

Ya nos hemos acostumbrado a que por cada papa caliente en la Policía Nacional nadie mire al jefe de la institución sino al ministro del Interior. Digamos que ello políticamente resulta más sexy para una opinión pública que sigue la vieja y tradicional tendencia del ajuste de cuentas que sea más espectacular.

En el caso de la muerte de los dos campesinos ayacuchanos, el fiscal provincial Hugo Martínez hace una acusación muy grave al denunciar al suboficial PNP Carlos Rodríguez Huamani como presunto homicida de dos campesinos, contra la versión institucional policial de que en la reyerta sus efectivos usaron solo perdigones de goma y no de plomo y la otra versión individual del involucrado que sostiene que hizo tiros al aire con perdigones de goma y no de plomo y que en ningún momento disparó contra los campesinos.

La acusación del fiscal Martínez está ahora en el despacho del juez penal especializado de Huamanga. Si, como se ve, la secuencia de la instancia fiscal y judicial parece ser la correcta, ¿por qué en la determinación de las responsabilidades el caso pega un salto directo hacia el ministro del Interior?

No es que defendamos al señor Luis Alva Castro de aquello que él sabrá hacerlo seguramente muy bien. Simplemente reclamamos una línea de intermediación que debe ser agotada antes de que un ministro, sea quien fuese, termine, como suele suceder corrientemente, en el cadalso parlamentario.

Los propios ministros del Interior, con las excepciones de la regla, se han apresurado casi siempre a poner la mano al fuego por cada metida de pata policial. Y Alva Castro es uno de ellos, olvidando que antes que él hay alguien, como el respetadísimo general Salazar, que tiene, pues, que dar la cara primero. No es que estemos insinuando el papel del general Salazar como fusible o chivo expiatorio. Es únicamente una cuestión de formalidad institucional que, caiga quien caiga, debemos respetar.