La obsesión de controlar a la prensa

Editorial "La Nación de Argentina"

De casualidad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, candidato al mismo cargo para las elecciones del domingo y el lunes próximos, coincidieron en algo en los últimos días: criticar en actos públicos a dibujantes de la prensa gráfica.

La mandataria argentina calificó, con tono crispado, de "mensaje cuasi mafioso" una excelente caricatura del brillante y respetado caricaturista Hermenegildo Sábat, publicada en "Clarín", en la cual aparecía ella con una venda cruzada en la boca; Berlusconi se quejó, con tono de broma y sin identificar a nadie, porque, con 1,70 metros de estatura, suele ser en las viñetas más bajito que los mandatarios de otros países.

Hasta qué punto vivimos, en realidad, en una mera democracia electoral en la cual el que obtiene más votos en los comicios supone que manda y el otro, sea opositor o pertenezca a algún sector no apreciado por el Gobierno, debe aceptar las cosas como son. Estamos más cerca del segundo escenario que del primero si se tiene en cuenta la obsesión de controlar a la prensa, o al menos de insinuarlo, por medio del relanzamiento del Observatorio de Discriminación en los Medios, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Con esta herramienta, el Gobierno pretende asegurarse "un relato mediático que brinde cabida a todas las opiniones". En no pocos países existen organismos de esta naturaleza, pero, en su gran mayoría, la mano gubernamental no está presente ni tiene injerencia alguna en su desempeño, de modo de no fomentar el reverso de la libertad de expresión: es decir, la autocensura.

Frente a esta situación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) observó en una solicitud: "El Gobierno parece haber elegido a los medios de prensa como enemigos a vencer. Una mirada suspicaz le hace ver conspiraciones por todas partes y creer que la cobertura periodística de los fenómenos sociales encubre fines de alteración del sistema institucional".

A su vez, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en representación de 220 periodistas de todo el país, cuestiona, en particular, la participación del Gobierno en el observatorio: "Queremos llamar a la reflexión a las autoridades nacionales sobre qué objetivos se persiguen en la creación de este observatorio y recalcar que las experiencias más enriquecedoras que se han dado en el mundo cuando se utilizaron estos instrumentos fueron justamente producto de iniciativas ciudadanas de organizaciones de la sociedad civil --muchas veces con participación de las instituciones académicas-- y sin la presencia de los respectivos gobiernos".

El creciente clima de suspicacias creado en el país figura en el informe final de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada recientemente en Caracas. En ella no se advirtieron mejoras para la libertad de información en el continente.

Ni el actual Gobierno ni el anterior, aunque nadie crea que en Argentina haya habido una transición, parecen entender que la libertad de expresión es la síntesis de los derechos humanos y es, además, parte sustantiva y fundamental de la organización de los estados. Su anulación o su limitación implica el derecho de la fuerza, acción totalitaria que contraría la libre aceptación de la palabra ajena.

Es necesario poner fin a las insinuaciones, las amenazas y toda otra forma o método que restrinja esta garantía de raigambre constitucional. La libertad de expresión, como ha sido señalado en reiteradas ocasiones desde esta columna editorial, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Y es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática que, a tono con lo que declama el Gobierno, pretende deshacerse de su sesgo autoritario.