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Las pruebas de independencia del poder fiscal

Por: Juan Paredes Castro |

Dos buenas noticias para el Ministerio Público, justo en la hora crucial de la elección de la nueva fiscal de la Nación.

Una, que el cargo haya recaído en la personalidad más calificada, Gladys Echaíz. Otra, que esta haya demostrado, desde la víspera, no estar dispuesta a ceder a las presiones políticas, como tampoco --si nos atenemos a su trayectoria y formación-- a las de la corrupción y del narcotráfico.

En efecto, el presidente Alan García y su ministro Luis Alva Castro no deben haber quedado muy tranquilos después del respaldo expresado hace dos días por Echaíz al fiscal provincial de Huamanga, quien, en una prueba de autoridad para el Ministerio Público y de tolerancia para el Gobierno, dictaminó que el suboficial PNP Carlos Rodríguez Huamani debía comparecer ante el juzgado penal de Huamanga como presunto responsable de la muerte de dos campesinos ayacuchanos durante los disturbios del paro agrario de febrero.

Recuérdese que los argumentos de la Policía Nacional, recogidos por Alva Castro, han insistido en la versión de que el suboficial Rodríguez Huamani había disparado, ciertamente, a la turba, pero con perdigones de goma y no de plomo y que nunca lo hizo directamente contra los campesinos.

El error del presidente García ha sido subestimar la investigación fiscal y adelantarse a respaldar la gestión de su ministro del Interior, que en todo caso solo está en entredicho por las versiones contradictorias de la policía y la fiscalía provincial. Pensamos, a propósito, que antes de ventilarse cualquier responsabilidad política de Alva Castro en el caso, que de hecho la tiene, el jefe regional de la PNP, por ahora pintado en la pared, y el propio general Octavio Salazar están en la obligación de brindar explicaciones. Acostumbremos al país a respetar cada fuero y a conocer la secuencia de ciertas instancias de responsabilidad institucional y política para evitar saltos de garrocha innecesarios.

Sentada, pues, la posición del Ministerio Público, frente al Gobierno, respecto de los sucesos violentos que derivaron del paro agrario, bueno es recordar la necesidad de independencia de la institución fiscal, cuyos miembros, como titulares de la acción penal, tienen a su cargo la delicada función de la investigación del delito y la obligación profesional y moral de que sus acusaciones sean, justamente por la calidad de la investigación, ¡sólidas!

En momentos en que la legalidad del país requiere de un poder judicial y de un ministerio público más eficientes y autónomos, es responsabilidad del poder político apoyarlos en sus presupuestos y reformas, antes que pretender presionarlos o sobrepasarlos.