Por Alfredo Ali Alava. Unidad de Investigación
Solo en marzo pasado, 350 vehículos usados que ingresaron por Ilo y Matarani habrían sufrido la adulteración de sus odómetros con la finalidad de reducirles el kilometraje y, de esa manera, entrar al país.
Según informó el congresista Juvenal Ordóñez (PNP) en este fraude estarían comprometidas las empresas importadoras Daichi Motors, Autocraft Perú y CQ Motors. No descartó que otras compañías también estuvieran involucradas.
El viernes pasado la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, recibió de Ordóñez documentos a través de los cuales se estaría probando la adulteración del kilometraje de unos 150 vehículos. El parlamentario aseguró tener pruebas de unos 350 casos.
Echaíz se habría comprometido a nombrar un fiscal ad hoc para que realice las investigaciones.
El pasado sábado 12, El Comercio denunció el caso y explicó la modalidad que estarían realizando las personas comprometidas.
La investigación permitió obtener certificados del Ministerio de Transportes del Japón y hojas de subasta de ese país, en los que se registra que los vehículos tenían más de 80 mil kilómetros cuando fueron comprados en ese país, pero al pasar por la aduana peruana aparecieron con 20 mil, 30 mil y 50 mil kilómetros.
Fuentes del Ministerio Público dijeron que en las próximas horas la fiscal Echaíz se reunirá con la jefa de la Sunat, Laura Calderón, para pedirle facilidades en la investigación que está por iniciarse.
Mientras tanto, los fiscales provinciales de Tacna habrían recibido la orden de recabar información sobre el particular.
Ordóñez coincidió con este Diario en el sentido de que, efectivamente, habría un concierto de voluntades para sacarle la vuelta al Decreto Supremo 042-2006-MTC, el mismo que no permite la importación de automóviles usados (Categoría M1) con más de cinco años de antigüedad y con más de 80 mil kilómetros de recorrido.
¿CÓMO OPERAN?
Los importadores, según las indagaciones, contratan a técnicos y les pagan 30 soles por cada auto al que le adulteran el kilometraje. La reducción, según todos los indicios, se estaría haciendo en los depósitos privados autorizados por la Aduana de Tacna.
Por ello, según el congresista, aparte de los importadores, tendrían responsabilidad los administradores de los depósitos, funcionarios de Aduana de Ilo, Matarani, Tacna y las empresas supervisoras Efe Automotriz y Famotsa.
En el caso de los funcionarios aduaneros y las empresas supervisoras, la responsabilidad tendría que ver con la incapacidad para detectar las adulteraciones de los odómetros y, por lo tanto, el otorgamiento del visto bueno para la nacionalización de los vehículos.
EL DATO
El temor
Los trabajadores de Ceticos temen que a raíz de esta denuncia pierdan su trabajo, pero el congresista Juvenal Ordóñez afirmó que de lo que se trata es de acabar con la corrupción y no con los puestos de trabajo.