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El inaceptable extremo de la ONP de penalizar a pensionistas

Hay que hacer algo con urgencia. El sistema que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha colapsado, afectando de manera indolente los derechos de cientos de miles de jubilados que siguen esperando una pensión por años y décadas.

Es un escándalo que el erario nacional no solo tenga que subsidiar a la ONP sino también asumir los costos que demanda atender los 37.100 juicios interpuestos contra la ONP por parte de potenciales pensionistas.

El cuadro es terrible por donde se lo mire, pues aparte de afectar la caja fiscal se penaliza a ex trabajadores, a los que se obliga a demostrar al milímetro que aportaron al antiguo Sistema Nacional de Pensiones y, lo que es peor, a asumir los costos de esa comprobación onerosa.

Indigna saber, según la Defensoría del Pueblo, que la ONP es la entidad pública que más quejas genera: 40% por demora en la expedición de resoluciones y 24% por no reconocer aportes.

Siempre habrá inescrupulosos que buscan burlarse del Estado y la justicia para conseguir una pensión con expedientes adulterados. Pero, justos no pueden pagar por pecadores ni la ONP escudarse en esas ocurrencias para dilatar la entrega de pensiones a quienes corresponde.

El Ejecutivo y el Congreso deben trabajar para reformular el sistema de la ONP, que hoy está quebrado y no funciona, por pésima gestión y nefastas interferencias políticas en el pasado.