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Escándalos que no dan tregua

Por Susan Abad. Corresponsal

BOGOTÁ. Con un Congreso --en el que tiene mayoría-- tildado de ilegítimo, acusado de haber obtenido la reelección en forma fraudulenta y con la supuesta aspiración a un tercer mandato en la cuerda floja, indudablemente el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se enfrenta a la mayor crisis política interna en los seis años que lleva de mandato.

La manera como su primo hermano, el ex senador y ex presidente de esa rama legislativa Mario Uribe Escobar trató de eludir el martes pasado a la justicia, pidiendo refugio político en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, fue una demostración más de la degradación en la que ha caído el Congreso de Colombia, debido a las alianzas que varios de sus miembros hicieron con jefes paramilitares para, a través de asesinatos, amenazas y dinero proveniente del narcotráfico, obtener poder regional y lograr un escaño en el Congreso.

Con 20 de los 102 senadores y 12 de los 166 representantes de la Cámara Baja encarcelados y 30 parlamentarios más investigados en el escándalo de la llamada parapolítica, el Congreso de Colombia sufre "la peor crisis de su historia", según la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, quien curiosamente también es indagada por la supuesta ayuda que recibió de los jefes paramilitares 'El Cóndor' y 'El Pájaro' para su elección en el 2006.

De acuerdo con estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris, 1'845.773 votos, es decir la tercera parte de la votación para el Congreso, con la que se eligieron 33 senadores y 50 representantes a la Cámara Baja, salieron de las zonas bajo control paramilitar.

Tras hacerse público el escándalo, la rotación de las sillas en el Congreso es dramática. De los cuatro senadores que obtuvo el partido de Mario Uribe Escobar, Colombia Democrática, 3 han dejado sus asientos por estar encarcelados --entre ellos el primo del presidente-- y el otro está a la espera de que la fiscalía le resuelva su situación.

Más curioso es el caso de un escaño de la agrupación Colombia Viva (también aliada de Uribe), al que se le ha llamado la curul maldita. Su titular, Dieb Maloof, fue encarcelado y lo suplantó Jorge Castro, quien también fue llamado a investigación. A Castro lo reemplazó Vicente Blel, que corrió la misma suerte. Finalmente, la curul cayó en manos del pastor evangélico Enrique Gómez, quien dice que "tratará de sacarle el diablo".

Pero fuera de lo anecdótico, la falta de garantías de que el voto se haya ejercido libremente y sin coacciones ha llevado a hablar de la ilegitimidad del actual Congreso y la urgencia de salvarlo. Las soluciones propuestas van desde la revocatoria hasta una reforma política, pasando por la convocatoria a una reforma constitucional.

Dos de las más fervientes seguidoras de Uribe, las senadoras Gina Parodi y Martha Ramírez, aseguran que la salida es un adelanto de las elecciones programadas para el 2010, pero con nuevas reglas de juego.

"La Constitución prevé un mecanismo para cubrir vacantes que no tiene sentido hoy. Si un senador obtuvo, con ayuda de los paramilitares, 50 mil votos, no puede ser reemplazado por el que le sigue, que consiguió 8 mil votos, eso es una burla", dice Parodi.

El izquierdista Polo Democrático Alternativo --que junto con el partido MIRA es el único de la docena de organizaciones que tienen presencia en el Congreso que no ha sido salpicado por el paramilitarismo-- sostiene que la solución es convocar a una asamblea constituyente.

Sin embargo, la propuesta más aceptada y que es examinada por Uribe y sus aliados en el Congreso es la reforma política. La iniciativa propone la aplicación de la "silla vacía", que consiste en no reemplazar al congresista que fuera vinculado con grupos armados ilegales y que el partido político, al que pertenezca el investigado, pierda el escaño. El desacuerdo en esta medida radica en establecer si la curul se pierde al momento de iniciada la investigación o cuando el congresista sea condenado.

Otra medida sería la pérdida de la personería jurídica para los partidos a los que se les condene a más de la mitad de sus congresistas. Una propuesta que ha levantado polémica es la que busca que se eleve al 5% el umbral electoral, lo que determinaría la desaparición de los partidos pequeños.

Pero el punto que no se ha discutido hasta el momento es la devolución del dinero que por ley el Estado entrega a los partidos por cada voto obtenido. La revista "Semana" calcula que al pagarse 1,9 dólar por voto serían unos 2,8 millones de dólares que deberían ser repuestos. La reforma pinta bien para algunos, pero tiene muchos detractores.

La periodista María Jimena Duzán asegura que esta reforma es una burla "porque es el Gobierno, el mismo que permitió que estas personas recurrieran a la vía armada para que obtuvieran curules, el que presenta el proyecto de ley. El mismo Gobierno que sabía en el 2002 y en el 2006 lo que estaba sucediendo. Y entre los que redactan la reforma están los congresistas que son investigados".

La analista política Claudia López sugiere la siguiente solución: "Anulen los votos de los políticos aliados con criminales; devuélvannos la platica que de buena fe les habíamos dado para que hicieran campaña; quítenles esas curules a los partidos que los avalaron; reasignen las curules a partidos que no tengan condenados por vínculos con la ilegalidad; quítenle la personería jurídica a un partido que tenga más del 20% de sus miembros condenados, de manera que no pueda seguir haciendo política; y fortalezcan las medidas que puede tomar la justicia para castigar a quienes se alíen con criminales".

REELECCIÓN IRREGULAR
Por si fuera poco el escándalo legislativo, la fiscalía abrió investigación por delito de cohecho a quienes resulten implicados en la denuncia que hizo la ex congresista Yidis Medina en un video y en una entrevista a un diario. Ella aseguró que funcionarios del Gobierno le ofrecieron puestos públicos y hasta un consulado para que en el 2004 votara a favor de la reelección presidencial.

El ilícito, que compromete la legitimidad del acto legislativo de la reelección, se dio --según Medina-- en junio del 2004, cuando siendo integrante de la Comisión Primera por el Partido Conservador --aliado del Gobierno-- se oponía férreamente al proyecto de reelección presidencial, que a todas luces buscaba extender el mandato de Uribe hasta el 2010.

Según relata la ex congresista, el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt, el secretario general de la presidencia de la época Alberto Vásquez y el entonces ministro de Protección Social Diego Palacio le prometieron tres puestos públicos a cambio de emitir un voto favorable. Medina asegura que Uribe personalmente le garantizó los ofrecimientos y hasta le propuso un consulado, en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno.

Los funcionarios negaron la acusación y Uribe, por su parte, dijo que su gobierno no apela a esas prácticas y que para la aprobación de los proyectos de ley "lo que se hace es persuadir a los legisladores", pero sin comprar conciencias.

TERCER PERÍODO EN VEREMOS
Todo esto ha logrado complicar la supuesta aspiración --no confirmada ni desmentida-- del presidente colombiano de postular a una segunda reelección.

Mientras los promotores de un tercer mandato del presidente entregaron a la Registraduría 260.826 firmas como primer paso para impulsar un referéndum que modifique la Constitución y le permita una nueva postulación, la Corporación Nuevo Arco Iris resalta que 1'845.773 votos que eligieron a 'parapolíticos' al Congreso favorecieron también a Uribe en su reelección.

"Esta cifra representa aproximadamente una tercera parte de la votación que fue obtenida por el actual mandatario. Sin esta votación hipotéticamente se hubiese forzado una segunda vuelta presidencial, lo que deja una carga estrepitosa de ilegitimidad para el actual gobierno", asegura el organismo.

EN PUNTOS
4El escándalo de la 'parapolítica' estalló en noviembre del 2006 y determinó, en febrero del 2007, la caída de la canciller María Consuelo Araújo, quien debió renunciar luego de que su hermano y su padre, actualmente prófugo, fueran acusados de tener nexos con el paramilitar 'Jorge 40'.
4Veintiuno de los 62 congresistas que son investigados por su actuación 'parapolítica' han renunciado a su fuero parlamentario para evitar ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y pasar a manos de la fiscalía, donde esperan obtener mejores condenas.

RAZONES DE UNA ALTA POPULARIDAD
Sensación de seguridad y buen manejo económico favorecen imagen presidencial
Y en medio de la crisis política que afecta a Colombia una encuesta de la firma Gallup reveló, hace unas semanas, que la popularidad del presidente Álvaro Uribe se eleva a 84%. Cifra récord para cualquier mandatario con casi seis años en el gobierno.

Pese a que la recolección de datos de la encuesta se hizo entre el 4 y el 6 de marzo, cuando Colombia enfrentaba una crisis diplomática con Ecuador y Venezuela y que, según Jorge Londoño, gerente de Gallup, determinó que los colombianos apoyaran al presidente, la alta y constante aceptación de Uribe sigue intrigando.

Javier Darío Restrepo, reconocido periodista y profesor de Ética, asegura que Uribe ha trabajado su popularidad desde que era candidato a su primera presidencia.

"Uribe respondió a una angustia de la población consistente en la inseguridad que representaba la presencia de grupos armados en gran parte del territorio nacional y su campaña estuvo montada precisamente en ese aspecto".

"Luego la posibilidad de movilizarse por las carreteras en forma segura, de poder recorrer el país se tomó como sinónimo de seguridad. De modo que a partir de entonces se percibió a Uribe como alguien que había logrado frenar a los terroristas de los ataques a la población, secuestros, extorsión, esas cosas fueron las razones por las que particularmente las clases poderosas viven muy agradecidas del presidente, porque les dio una seguridad en los negocios y para su libre movilización en las carreteras", añade.

Para Restrepo, el fenómeno de la opinión pública y el respaldo unánime que goza Uribe por parte de los medios de prensa, sobre todo los de la televisión, unido al crecimiento de la economía --que, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), fue de 4,01% al inicio del mandato en el 2002, y alcanzó el 7,62% en el 2007--, explican el apoyo de las clases populares.

La forma como Uribe maneja su imagen y los ya famosos consejos comunales que realiza cada sábado --y que pueden durar hasta 14 horas en diálogo directo con las comunidades-- le han dado réditos.

Pedro Medellín, analista político y columnista del diario "El Tiempo", cree que la capacidad de comunicación y de trabajo del presidente es muy alta. "Eso le ha permitido administrar muy bien su tiempo y estar siempre en el lugar clave: en una emergencia o un atentado, Uribe siempre está. Además, él actúa como populista, al ser el intermediario entre el pueblo y el soberano. Y eso a la gente le gusta".

"La gente ha quedado convencida de que hoy por hoy la mejor solución y la respuesta más cabal a los grupos terroristas y la solución a todos los problemas del país es el presidente Uribe", añade Restrepo. "Tan convencida (está) que hay un grupo mayoritario que apoya a Uribe más por razones sentimentales que por razones, es decir hay más emoción que cerebro".

Según Medellín, estos seguidores "hacen siempre una separación entre hechos como la 'parapolítica' y las acciones que ejecuta el presidente Uribe".

Sin embargo, ambos analistas coinciden en que, de continuar los destapes de corrupción y alianzas con paramilitares de personas cercanas al presidente, se puede erosionar su popularidad.

Restrepo augura que "a la larga ese bloque enorme de 84% poco a poco irá desertando porque se van a dar cuenta de que no todo lo que el presidente pregona es real y empezará a preguntarse el porqué de esta coincidencia de que los que están en la cárcel acusados de 'parapolítica' sean, precisamente, los que apoyan al presidente en el Congreso".

Para Medellín, a Uribe le están llegando días aciagos.