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La inversión pública a la deriva

No es precisamente una acertada decisión hundir a medias, a pesar de su aparente naufragio, una institución como Pro Inversión, y en paralelo resucitar los comités especiales de promoción de la inversión privada en cada ministerio. Y es que podría ser preferible un capitán que centralice la promoción de la inversión privada a dispersar el mando entre varios timoneles.

Como informamos el sábado, el MEF ha presentado ante el Consejo de Ministros un proyecto de decreto legislativo que establece que las actividades de promoción de la inversión privada estarán en manos tanto de Pro Inversión como de cualquier comité especial de promoción de la inversión privada que desee crear algún ministerio, a manera de un Cepri.

Queda claro que esto centralizaría la toma de decisiones en el MEF y establecería su control absoluto en cualquier proceso de concesiones y privatizaciones. Lo que no convence aún es dar a los ministerios una responsabilidad en la que históricamente no han demostrado capacidad; si no veamos solamente los yerros cometidos en este gobierno en materia de adquisiciones de patrulleros y ambulancias.

Es más, carecen de experticia. Evidentemente, algún ministro podría reclamar la posibilidad de aprender a conducir inversiones, pero el país exige acciones inmediatas. Allí está el déficit en aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, agua y desagüe, puertos y plantas de generación eléctrica,en definitiva infraestructura necesaria, por un aproximado de 22 mil millones de dólares.

El proyecto del MEF postula que con esta medida se aliviará la carga laboral de Pro Inversión que, no se descarta, podría ocuparse de los grandes proyectos, mientras que los pequeños se manejarían en los ministerios.

¿Pero por qué suponer que los ministerios serán ahora mágicamente expeditivos, en la maraña burocrática en que se mueven? ¿Cómo pedirles que concesionen? Debe recordarse que Pro Inversión nació precisamente ante las debilidades técnicas del sector público en el proceso de promoción de la inversión.

Por ello, es necesario que el Gobierno sopese y ponga en la balanza todos estos elementos. Si la actual gestión de Pro Inversión era deficiente, entonces por qué no perfeccionarla, agilizar sus procesos y relanzarla, potenciando la transparencia y dando a conocer al país la situación actual de cada proyecto en marcha.