Por Rocío La Rosa Vásquez
La decisión del Gobierno Central de retirarle a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) su condición de observador ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha evidenciado dos roles encontrados del referido ente estatal.
Según su reglamento, su presidente (cargo que recae en la ministra de Justicia) debe conducir la política gubernamental sobre derechos humanos. Además, coordinar el seguimiento de las denuncias de violación contra estos mismos derechos que se presenten contra el Estado ante órganos internacionales, como la Corte Interamericana de DD.HH.
Para el jurista Raúl Ferrero resulta poco coherente que por un lado el CNDH se encargue de dirigir la política de defensa del Estado en esa materia y en otros casos participe en defensa de este. "Es un rol ambiguo y no porque siempre tenga que defender al Estado, sino porque también tendrá que asumir la responsabilidad política si las violaciones fueron cometidas por un grupo de peruanos. No hablamos de roles complementarios sino casi opuestos. Esa contradicción debería resolverse también para aclarar qué tipo de participación tienen las ONG allí", comentó Ferrero.
Para el ex defensor del Pueblo, Walter Albán, el panorama también es confuso y se arrastra desde la creación del consejo en la década del 80 del siglo pasado. Lo que Albán sí ve claro es que no debe existir una política sectorizada de derechos humanos. Es decir, un solo ente no debe ocuparse de este delicado asunto, sino que debe involucrar a todo el aparato estatal, claro está, bajo la batuta del Ejecutivo.
"El rol del consejo debe ser de promoción de estas iniciativas desde el Gobierno", apuntó.
Y para graficar esa ausencia de acción advirtió que pese a existir un Plan Nacional de DD.HH., cuya aprobación demandó consultas de largo aliento, hasta ahora no es ejecutado por el CNDH, lo que resulta preocupante y más aun cuando en la página web del Ministerio de Justicia se dice que dicho plan "no tiene la suficiente legitimidad por haber sido debatido y consultado con 2.800 personas o representantes de instituciones, que constituyen solo el 0,01% de la población".
DEFIENDE DECISIÓN
Desde Washington el primer ministro, Jorge del Castillo, aclaró ayer que el Gobierno no ha retirado a las iglesias Católica y Evangélica de la mesa del CNDH, pero sí a dos organismos no gubernamentales, entre ellos Aprodeh.
Del Castillo justificó la decisión diciendo que en el consejo se discuten las estrategias de defensa judicial del Estado ante las cortes internacionales, razón por la que si una ONG, como Aprodeh, participa en sus sesiones puede tener acceso a dichas estrategias.
"Después participan asesorando a los demandantes ante las cortes internacionales, entonces están de ambos lados del mostrador. Eso no es ético. O participan de las estrategias del Estado o defienden los intereses de sus clientes o amigos que patrocinan, o de presuntas víctimas de violación de derechos humanos", refirió.
Para Albán lo dicho por Del Castillo deja que desear, pues en derechos humanos no se puede hablar de clientes, sino que debe haber causa común en busca de la verdad de los hechos.
CLAVES
Los roles que cumple el CNDH
1 Propone la política gubernamental en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos que apruebe el Consejo de Ministros.
2 Emite opinión en los asuntos que le sean solicitados y plantea las medidas y las acciones que considere convenientes para difundir, promover y proteger los DD.HH.
3 Es función de su presidente coordinar o supervisar --según el caso-- el cumplimiento de las resoluciones y los fallos emitidos por órganos internacionales de carácter jurisdiccional en materia de DD.HH.
4 Asimismo, coordina el seguimiento de las denuncias sobre violaciones de DD.HH. que se presenten ante los organismos internacionales contra el Estado Peruano.
5 También recomienda al presidente de la República la política, las medidas y acciones en materia de indulto, derecho de gracia y conmutación de la pena.