Por Jaime de Althaus Guarderas
Para la mayor parte de los trabajadores peruanos, el Día del Trabajo no es una fiesta sino un problema. Ese día dejan de percibir ingresos, porque no trabajan. Y si lo hacen, no recibirán la remuneración adicional que les correspondería de acuerdo a ley por laborar en feriado. Es que están al margen de la ley. Son trabajadores sin derechos, sin beneficios, sin 8 horas, sin vacaciones, sin horas extras pagadas, sin seguro social, sin pensión futura, sin nada. Son trabajadores explotados.
Están al margen de la ley porque la ley es muy cara en relación al nivel de desarrollo de nuestra economía y a los ingresos de la mayor parte de las empresas, incluyendo muchas de las medianas. La solución es obvia y se ha repetido mil veces: abaratar la ley, la formalidad, y entonces sí exigir a los empresarios de todos los tamaños la incorporación de sus trabajadores a la planilla y lanzar contra ellos la miríada de inspectores para que verifiquen que así lo están haciendo.
¿Por qué no se hace? Siendo amplísima mayoría los trabajadores sin derechos, su causa, sin embargo, no parece políticamente atractiva. Y la razón es sencilla: carecen de lo que Marx llamaba "conciencia de clase". No están organizados ni se reconocen como parte de un grupo social afectado por el costo de la ley (que no es sino el privilegio de una minoría). No saben que esa es la causa. Y desconocen algo más fundamental: que son la mayoría. Por lo tanto, ni se movilizan ni ejercen demanda política alguna. Y como no son grupo, carecen de representantes en la clase política.
En cambio, los relativamente pocos que sí están en planilla, con derechos y con beneficios que van más allá de los derechos, sí están organizados, aunque sea en una confederación de trabajadores casi vacía pero con poder de movilización. Naturalmente, tienen representantes en el Congreso, que son quienes controlan la Comisión de Trabajo.
Lo lamentable es que esos dirigentes perciban la solución a la exclusión de la mayoría como una amenaza a sus "conquistas", y entonces se opongan a reducir el costo de la ley (pese a que el nuevo régimen sea solo para los nuevos o que ellos mismos pudieran pasarse a él incrementando su salario apreciablemente --cambiando "beneficios" por salario--). No solo se oponen a reducir el costo de la ley: ¡quieren incrementarlo! Es el interés propio por encima y a costa del interés de las mayorías y del suyo propio --bien entendido--, pues a la corta y a la larga todos se beneficiarán con un régimen menos oneroso y más libre: los salarios subirían por incorporación de beneficios en lo inmediato, y por incremento sustancial de la demanda de trabajadores en lo mediato.
Por eso, el interés que defienden las dirigencias laborales no es ni siquiera el interés económico de sus bases, sino su propia permanencia --sempiterna-- en las cúpulas sindicales. Por eso, para aglutinar a las bases, tildan de proempresarial o favorable a los ricos la propuesta de reforma, cuando quienes se beneficiarían con ella serían el 80% de los trabajadores peruanos, hoy explotados y sin derechos.
El Congreso tiene que representar a las mayorías, no a las gollorías. Es hora de que se ponga los pantalones largos.