Por Fernando Rospigliosi. Ex ministrodel Interior
Los recientes escándalos han disparado la corrupción al primer lugar de los problemas que preocupan a la población, según la última encuesta de Ipsos Apoyo. Los discursos encendidos de los políticos no alcanzan para convencer a la población de que esta vez se producirán cambios radicales en este campo.
La desconfianza del público tiene un fundamento sólido, la experiencia de años de proclamas y, a la vez, de continuación de las prácticas corruptas. La experiencia más positiva que ha vivido el Perú en mucho tiempo, es el sistema anticorrupción creado en el gobierno de Valentín Paniagua y a principios del de Alejandro Toledo.
Gracias a ese sistema, una suerte de isla en el Estado, han sido procesados y condenados decenas de corruptos y violadores de los derechos humanos de la década de 1990, incluyendo a los dos principales responsables, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
El sistema y la lucha antico-rrupción están bajo permanente ataque en el último tiempo, bajo diferentes modalidades. La actividad de los corruptos es incansable, están defendiendo sus fortunas y su modo de vida.
Un ejemplo, en pequeña escala, lo acabo de vivir la semana pasada, cuando tuve que acudir al Congreso para responder a una acusación planteada por el ex ministro de Fujimori y ex congresista de Toledo Jorge Mufarech.
El origen del problema está en la denuncia que hice públicamente contra Mufarech en el Congreso, el 9 de marzo de 2004 y formalicé ante la Comisión de Ética el 15 de marzo de ese año. Resulta que la fábrica de telas de Mufarech trató de vender su producto a la Policía Nacional en el 2002, sin lograr su propósito.
Luego de realizada la licitación de uniformes, en el período ministerial de Gino Costa, Mufarech, aprovechando indebidamente su cargo de congresista, se dedicó a desacreditar esa licitación limpia y ejemplar. Y logró que se acusara a los funcionarios que participaron en ella, todos los cuales han sido absueltos después de años de penosos procesos judiciales.
Demás está decir que la Comisión de Ética del Congreso anterior exculpó a Mufarech, en una sesión secreta, a pesar de que existían pruebas irrefutables de su intento de vender sus telas: facturas y testigos.
Como represalia, Mufarech formuló una acusación contra mí, en abril de 2004, una típica venganza. El único pretexto que encontró es que yo suscribí, a principios de 2002, dos convenios con Pro Ética, institución que dirigía José Ugaz --quien fue el primer procurador anticorrupción--, precisamente para luchar contra ese flagelo en el Ministerio del Interior.
La acusación es absurda, que yo favorecí a Ugaz con ese convenio porque es mi amigo. El asunto es que Pro Ética, una ONG sin fines de lucro, filial en el Perú de Transparencia Internacional, no recibió un centavo del Estado. No hay tema alguno para una acusación.
A pesar de eso, Mufarech ha logrado, a través del congresista aprista José Vargas, que una subcomisión del Congreso trate el caso.
El modus operandi de Mufarech es conocido. Perseguir y amedrentar a los que lo denuncian, usando el Poder Judicial, el Congreso y todas las instancias a su alcance. Tiene mucho dinero y se mueve como pez en el agua en los recovecos de esas instituciones. A mí --como a otros que lo han expuesto públicamente--, me ha planteado incontables demandas judiciales, por supuesta difamación, demandas que puedo responder gracias a la generosa y desinteresada defensa de amigos abogados.
Cuando los ciudadanos se preguntan por qué la política está infestada de gente corrupta, basta mirar alrededor. Por lo general, las personas honestas no están dispuestas a soportar los insultos, agresiones e interminables acusaciones de los corruptos. Y así se reproduce el círculo vicioso de la política ocupada por sujetos de esa calaña.
Por último, no hay que olvidar que los demagogos antisistema utilizan el argumento de la corrupción del establishment para hacerse del poder. Y aunque ellos después elevan la corrupción a cotas inalcanzadas, el daño ya está hecho y sus países arruinados.