Enviar

Por coherencia en política de DD.HH.

La decisión del Gobierno de retirar a Aprodeh del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en evidencia una serie de incongruencias en la política gubernamental de derechos humanos que reclaman urgente rectificación.

Desde esta tribuna hemos criticado la polémica postura de la ONG Aprodeh de oponerse a la inclusión del MRTA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, por lo que aún se espera una explicación convincente. A partir de allí voceros gubernamentales han tenido una fuerte y hasta explicable reacción para retirar a esta ONG del CNDH, en razón de que defiende a varios litigantes en juicios contra el Estado, lo que la convertiría en juez y parte.

Sin embargo, lo más alarmante y serio ha sido que ha quedado en evidencia que el CNDH, según su ley y reglamento, tiene dos facetas a todas luces contrapuestas e irreconciliables: Por un lado, propone tanto la política gubernamental como acciones en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, lo que no puede excluir tomar acción respecto de eventuales excesos cometidos por el Estado.

Pero, por otro lado, defiende al Estado, ante organismos internacionales, por posibles excesos de los que haya podido ser acusado.

Esta esquizofrenia no puede continuar, pues no se puede estar con Dios y con el diablo. Un objetivo tan trascendental como la defensa de los derechos humanos no puede estar en manos de quienes tienen también el encargo de defender a quienes los transgreden.

Según los expertos, lo lógico sería que el Consejo Nacional de Derechos Humanos se reserve la primera función, como organismo aglutinador y multidisciplinario de todo el Estado, para definir y promover la política de defensa de los derechos humanos de la persona. Aquí habría que propiciar cambios en la ley y el reglamento para hacer las precisiones necesarias y diferenciarlo de otras entidades, como la misma Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la defensa del Estado, el Ministerio de Justicia debe delegar en otro organismo, como lo hacen sus procuradurías, la tarea de litigar y defender al Estado también en los juicios por derechos humanos.