Ni macartismo ni persecución

Por Hugo Guerra

Ilustrado lector, por falta de franqueza, el debate mediático en torno al MRTA está desorientado:

Si la CVR responsabilizó al emerretismo por un 2% de las víctimas registradas entre 1980-2000, significa que ese grupo asesinó a por lo menos 1.200 peruanos.

Hoy, el MRTA convoca a la subversión vía comunicados como el violentista "¡Organicemos la rebelión popular!" (7/9/2007); administra unos 100 millones de dólares producto de sus secuestros; participa en la dirección bolivariana y mantiene vínculos operativos con las FARC y el narcotráfico.

Por ello, la carta enviada por Aprodeh a los parlamentarios europeos refleja una posición ideológica incompatible con la defensa integral de los derechos humanos. A su vez, la respuesta gubernamental de reorganizar el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), excluyendo a varias ONG y representaciones eclesiales, es tosca, pero rompe un esquema perverso.

Durante la lucha contrasubversiva en general se enfatizó la defensa de derechos de los terroristas; pocos reclamaron por los ciudadanos victimados y casi nadie defendió el derecho de aquellos militares y policías que cumplieron su misión sin incurrir en excesos.

Contra el fujimontesinismo y la barbarie del grupo Colina, se formó un frente práctico de resistencia entre la prensa liberal, cuya libertad de expresión fue amenazada, algunos partidos políticos democráticos, muchas ONG de izquierda y un sector del clero.

Luego, durante el gobierno de transición y bajo el toledismo, muchos marxistas reciclados entraron al aparato estatal y también infiltraron la posición editorial de diversos medios, al punto que --reeditando el esquema de los años 70-- no ser izquierdista aun hoy resulta "políticamente incorrecto".

En este contexto, las ONG radicales (como las antimineras) medran en la cooperación internacional y se niegan a ser fiscalizadas en lo que hacen y gastan.

No es lógico, en consecuencia, que en el CNDH se mantengan mezclados el Estado constitucional y democrático y quienes quieren modificarlo radicalmente. Por ejemplo, más grave que lo del MRTA es la demanda que a través de Aprodeh se prosigue contra el Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta "criminalización de la protesta popular", oponiéndose a las leyes que se promulgan para impedir la violencia en huelgas, manifestaciones, etc.

El Estado no puede trazar sus estrategias de defensa si previamente debe revelarlas y consensuarlas con sus denunciantes. Asimismo, el Estado debe ser laico, ¿o no fue acaso un jerarca católico quien dijo que "los derechos humanos son una cojudez"?

Es ridículo, entonces, que la polémica se plantee en términos de 'macartismo y persecución a las ONG'. Aprodeh tiene derecho a existir legalmente y a no ser censurada; pero deslindemos posiciones en una democracia que ya no tiene al dictador como enemigo, sino a esa subversión que se agazapa tras fachadas imprecisas aquí y en medio mundo.

Por lo demás, el infame caso del MRTA requiere sustentarse ante la verdadera instancia resolutiva: el Consejo Europeo y para ello, en vez de criticar al experimentado embajador Jorge Valdez, la cancillería debe facilitarle urgente apoyo presupuestal y humano.