Mafias de extorsionadores se quedan con casi el 50% del jornal de los obreros

Por Alberto Villar Campos

Las huellas de las balas conservan todavía fresco el aroma agridulce de una batalla que tarde o temprano volverá a repetirse. Quienes caminan por allí prefieren ignorarlas de momento, aunque lo cierto es que muchos de ellos saben de dónde salieron y por qué. En el cruce de las avenidas Canta Callao y Bertello, en el primer puerto, una enorme construcción se levanta en medio del silencio sepulcral y no es para menos: hace tres semanas, una balacera entre vecinos de la zona y miembros del sindicato de construcción civil chalaco sacudió nuevamente los cimientos de la actividad inmobiliaria, un temor harto conocido por los empresarios que deciden trabajar allí.

El 'Plan Ladrillo', una operación policial iniciada en Lima en el 2007, ha permitido capturar hasta ahora a 192 miembros de organizaciones dedicadas a extorsionar a empresarios inmobiliarios con la finalidad de cobrar fuertes sumas de dinero o 'cupos' a cambio de la denominada "paz laboral". De estos, un gran porcentaje operaba en el Callao.

Sin embargo, estas acciones --que alcanzaron su pico en mayo de ese año, con la detención del ex dirigente de construcción civil, Vicente Aponte-- no parecen haber frenado el problema. ¿Quién o quiénes permiten que esto siga ocurriendo y cuál es el panorama de la provincia constitucional en el presente?

PAGOS EN SECRETO
El general PNP (r) Juan Álvarez Manrique, estratega del referido plan, ensaya una analogía para explicar, en parte, el problema. "Es como la fiebre: nosotros la bajamos, pero por dentro la infección continúa. ¿Y quién debería combatirla? El empresario, asumiendo una actitud valiente y denunciando a los malhechores".

Pero la realidad es muy diferente pues, en lo que va del año, la policía del Callao no ha recibido denuncias de empresas inmobiliarias que operan en la jurisdicción, señala el general PNP Bruno Debenedetti, jefe de la región policial chalaca.

Y el problema parece haberse agravado. Según datos de inteligencia, los propios constructores estarían destinando ahora casi un 50% del jornal de los obreros para solventar las extorsiones. Es decir, si antes un trabajador ganaba S/.430 por semana, ahora solo recibiría alrededor de S/.230.

Por razones distintas, varios ingenieros de las 30 obras que se realizan actualmente en el primer puerto --entre edificios, centros comerciales y proyectos de refacción urbana-- se negaron a declarar sobre esto. Sin embargo, uno de ellos, que ha trabajado por años en el Callao y optó por el anonimato, señaló que, en el presente, "las empresas tienen partidas especiales dentro del presupuesto total de la obra para pagar las extorsiones".

"Si son proyectos grandes, el costo no es muy alto, pero si son edificios, el gasto cambia", agrega.

OBREROS PRESIDIARIOS
Álvarez refiere que la extorsión o el pago de 'cupos' se logra a través de dos frentes: a) los trabajadores que, escudados en el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del Callao (STCCC), se acercan a las obras para exigir con violencia a los ingenieros de obras puestos de trabajo; y b) los pobladores de la zona donde se ejecutan los proyectos, que ofrecen "seguridad" a cambio de sumas variables de dinero.

Sobre esto último, el ingeniero anónimo explica que cada 'chaleco' o cuidador estaría cobrando S/.50 diarios. Tres años atrás, el costo era de S/.30 por persona.

Pero no solo eso. Él refiere que, ahora, las bandas criminales estarían obligando a los sindicatos de construcción civil de Lima a agremiar delincuentes que purgan penas menores en la cárcel con la finalidad de que estos ingresen a trabajar en una obra y obtengan su libertad, de acuerdo a ley. Una de ellas la encabezaría Delia Ocampo Cachay, 'Chola Delia', esposa del avezado secuestrador Jacinto Aucayari Bellido, 'Cholo Jacinto', y hoy presa en el penal de mujeres de Chorrillos por presunta extorsión.

"En la mayoría de casos --añade la fuente-- los ingenieros optan por pagarles a estos malhechores para que se queden en sus casas. El riesgo de que roben en las obras es peor que tenerlos fuera de ellas".

ARMAS Y DELINCUENCIA
Guillermo Yasila, secretario general del STCCC, no negó dos razones que oscurecen hasta hoy la labor de su sindicato: Que por años sus asociados emplearon la violencia para exigir trabajo en proyectos inmobiliarios; y que, dentro de su gremio existirían actualmente casos "aislados" de delincuentes que extorsionan por dinero. "No podemos negar que hay miembros que han pertenecido a bandas delictivas, pero ahora exigimos que respeten nuestras leyes", aseveró.

Para Yasila, un problema latente en el Callao son las batallas entre su sindicato y los moradores de las zonas donde se ejecutan trabajos de construcción, quienes pugnan por ingresar a laborar en ellas y que, fácilmente, pueden llegar a niveles de violencia extrema, como en la obra en Canta Callao.

Respecto de ello, Debenedetti estimó que muchas de las 40 mil armas de fuego que --según Dicscamec-- circulan ilegalmente en el país, son usadas por criminales de su jurisdicción para cometer delitos, entre ellos las extorsiones. "En lo que va del año, hemos detenido a 759 personas e incautado 212 armas", agregó.

LAS ENFERMEDAD CONTINÚA
Por ahora, la policía tiene en la mira a 21 ex internos y prontuariados delincuentes que, según información, continúan usando el amedrentamiento dentro del gremio de construcción civil como forma de vida.

Asimismo, se ha logrado determinar la existencia de al menos diez organizaciones de desocupados en conos de la capital lideradas por criminales que generan disputas con los trabajadores legalmente sindicalizados.

Según fuentes policiales, los próximos puntos de acción de estas bandas serían Pisco, Chincha, Ica y Cañete, las zonas que más afectó el terremoto del pasado agosto, y que, actualmente concitan el interés del sector inmobiliario. Para nuestra fuente, sin embargo, la cantidad de proyectos actuales de construcción en el Callao confirman un interés que no pretende decaer, pero que por ahora se mantiene en silencio por los ruidos de las balas, de la violencia y, sobre todo, del temor.

VICENTE APONTE: EL HOMBRE EN LA MIRA DE LA POLICÍA
Otrora candidato al Congreso y expulsado en febrero del año pasado del Sindicato de Construcción Civil, Vicente Aponte Núñez es el hombre que la policía tiene entre ojos ahora. El 15 de mayo del 2007 fue detenido en Pucusana acusado de haber liderado extorsiones a empresarios de la capital. La operación, en la que cayó junto a siete maleantes, permitió la incautación de dos pistolas 9 milímetros, una escopeta de retrocarga y bates de béisbol. Tenía 18 denuncias ante el Ministerio Público desde el 2002. Pese a ello, a fines del 2007 fue liberado bajo mandato de comparecencia.

SEPA MÁS
Víctimas y batallas enuna guerra sin tregua
4Según la policía, el crimen del ingeniero José Luis Jiménez Montes (30), asesinado a balazos dentro de su auto en La Molina el 2 de marzo, se habría producido porque este se negó a pagar un 'cupo' por una obra de construcción.
4El 31 de enero del 2007, en el Callao, un bebe murió de un balazo en un enfrentamiento entre dos bandos presumiblemente en pugna por 'cupos' en construcciones de la jurisdicción.
4Asimismo, en febrero, marzo y abril de ese año fallecieron en el Callao los obreros Manuel Orlando Bobadilla, Ruperto Rodríguez Gonzales y Marco Sánchez Espinoza, respectivamente, producto de enfrentamientos entre sindicatos.

DEL CONSULTOR
Urge una acción concertada*
Hace muchos años que la presión sindical impone a las empresas constructoras condiciones para la contratación de personal. Hace varios que muchas empresas pagan cupos.

En los últimos tres años, criminales prontuariados y muy bien armados -- como el 'Loco Aldo' y el 'Cholo Jacinto'-- han visto una nueva oportunidad de 'negocios', tan o más rentable que los secuestros o los asaltos. Esto ha resultado en costos crecientes para los constructores, perjuicio para los trabajadores y un clima cada vez más violento, que ha llevado a enfrentamientos armados en la vía pública, con el consiguiente saldo de muertes. Se sospecha que un empresario fue asesinado, recientemente, por negarse a pagar cupo. Hoy, todos estamos expuestos a esta nueva modalidad delictiva; los empresarios más aún. A pesar de ello, son muy pocas las denuncias presentadas; se requiere revertir el temor a hacerlo.

Las leyes vigentes son suficientemente severas, pero hay que mejorar la operación del sistema penal. La policía le está dedicando cada vez más atención al asunto, pero es necesario mejorar la documentación de sus investigaciones; fiscales y jueces deben actuar con más celo y firmeza para defender a la sociedad y menos a los criminales. Se desconoce cuántos de los detenidos el último año siguen presos, pero se presume que son pocos. El más conocido, Vicente Aponte , expulsado del sindicato de Construcción Civil de Lima por sus actividades delictivas, fue puesto en libertad a los pocos meses de su detención y ha constituido un gremio paralelo que -- sorprendentemente - ha sido reconocido por la CTP aprista.

Urge una acción concertada que involucre a empresas, gremios sindicales -- ya es hora de que cuenten con un padrón de todos sus miembros, como dispone la ley - y operadores del sistema penal, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior.
*Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra