Opinan que empresas también deben supervisar las contratas

Por Azucena León Torres

El miércoles pasado el pleno del Congreso inició el debate de una recargada agenda de temas laborales, con el proyecto de ley que busca regular la tercerización laboral. Una propuesta que, al incluir la responsabilidad solidaria entre uno de sus principales artículos, generó el rechazo inmediato de las principales bancadas parlamentarias, que incluso llegaron a solicitar un cuarto intermedio para que el congresista Isaac Serna (UPP), presidente de la Comisión de Trabajo, la retirase del dictamen original.

La polémica surgió porque a la mayoría de congresistas no le parecía razonable que la empresa que toma una contrata deba asumir toda la responsabilidad, en el caso de que esta última incumpla el pago de beneficios sociales y laborales a sus trabajadores. Más aun tratándose de compañías jurídicamente distintas.

Tal fue la presión, que Serna decidió reconsiderar su posición y ya está evaluando la redacción de un nuevo artículo que, si bien aún no está del todo definido, consideraría a la contrata como la única responsable de cualquier reivindicación laboral. "Seguimos discutiendo el tema, pero lo más probable es que la contrata quede, en una primera instancia, como la principal responsable", adelantó el congresista. ¿Si esto es así, qué pasará con el trabajador que ve incumplido el pago de sus beneficios laborales cuando una contrata desaparece o, en aquellos casos que existe un mal uso de la tercerización y esta sirva como fachada para desentenderse de la cuestión laboral? ¿Es justo que así como la empresa principal se beneficia comercialmente de esta herramienta, quede al margen de sus perjuicios?

Para el laboralista Jorge Toyama, el Congreso debería buscar un punto medio, que contribuya a equilibrar las relaciones laborales. "No se puede ser demasiado proteccionista ni demasiado flexible. Por ejemplo, se podría apostar por una mayor fiscalización, donde la empresa principal verifique si la contrata cumple o no el pago de los beneficios laborales, si cumple con esta verificación debe ser exonerada de cualquier responsabilidad. Y si no ejerció ningún control, pues por defecto debería asumir la responsabilidad solidaria en forma inmediata, como ocurre en otros países de la región", refirió Toyama.

Para José Luis Daza, director de la oficina subregional de la OIT, lo importante es que la responsabilidad quede claramente establecida en la ley. Y aunque reconoce que la experiencia internacional es diversa, la decisión de aplicar la responsabilidad solidaria o subsidiaria (la contrata es la responsable en una primera instancia) depende de cada país. Agrega que lo más práctico es utilizar ambas herramientas. "La principal debe realizar comprobaciones periódicas del pago de beneficios, si no lo hace debe responder por los beneficios impagos", acotó.

¿Qué dicen frente a esta posibilidad los empresarios? Que desde un inicio rechazaron la responsabilidad solidaria, agregando que la fiscalización le corresponde únicamente al Ministerio de Trabajo. Harry Stewart, representante de ÁDEX en temas laborales, se muestra ahora más conciliador. "No queremos que la responsabilidad se imponga en una primera instancia; sin embargo, en el Consejo Nacional del Trabajo se pueden discutir alternativas de mayor supervisión porque también es nuestro deber ver a quién se contrata", dijo.

La laboralista Beatriz Alva Hart indicó que lo mejor es ser más severo con las exigencias que se pone a una contrata para que ofrezca sus servicios y mejorar la fiscalización. "El ministerio y la Sunat deben hacer lo suyo", anotó. El debate parece intenso y seguirá las próximas semanas.

EN PUNTOS
Experiencia en la región
4 La responsabilidad solidaria se aplica en Argentina, Ecuador, Chile e incluso en algunos países de Europa, como Holanda
4 En el Perú la responsabilidad solidaria se aplica en el sector construcción. Si una contrata incumple el pago de beneficios laborales, automáticamente la principal asume dicha responsabilidad.
4 Según la OIT, la responsabilidad solidaria se aplica sobre todo en las empresas del mismo rubro. Por ejemplo, si una empresa de transportes sub-contrata a otra porque no se da abasto y esta no cumple con su personal, también asume la responsabilidad.
4 Este Diario intentó recoger la posición del Ministerio de Trabajo, pero no fue atendido. La ex ministra Susana Pinilla pidió que hubiera una mayor fiscalización por parte de la empresa principal.