Al margen de la querella que deberá verse en el Poder Judicial en torno a los delitos denunciados en el Banco de Materiales (Banmat), ha hecho bien el Congreso en iniciar una profunda investigación para determinar las sanciones políticas a que hubiere lugar en ese bochornoso caso.
En principio, la Comisión de Fiscalización ha iniciado sus pesquisas al ordenar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria a nada menos que 21 funcionarios, incluyendo a los más altos estamentos del Banmat, del consorcio Los Álamos y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La necesidad de incluir a este organismo en el proceso investigatorio cae por su propio peso. Y es que el escándalo en el Banmat no solo tiene sus raíces en la falta de profesionalismo y escasa solvencia moral de sus directivos, sino también en lo relajado de la fiscalización de los fondos y bienes del Estado que corresponde al Fonafe.
Ahora sus directivos tendrán que responder por qué este holding estatal se hizo de la vista gorda, reduciendo a niveles casi inexistentes sus acciones de control sobre el Banmat, dejando abierta la puerta a una vergonzosa corrupción.
Todas las bancadas representadas en el Congreso, sobre todo la célula parlamentaria aprista, deberán ser igualmente rigurosas en el análisis, y no pretender, como lo han hecho algunos ministros del Apra, minimizar la responsabilidad del Fonafe en este caso.
Apoyar sinvergüenzadas y nefastos espíritus de cuerpo no favorecen a nadie y, por el contrario, crean precedentes gravísimos. El Gobierno es el primer llamado a marcar distancia con respecto a cualquier viso de corrupción en la administración pública, mucho más cuando involucra a ciertos militantes del partido oficialista.