¡La bolsa o la vida!

Por Luis Solari de la Fuente. Ex primer ministro

O, mejor dicho, "la caja o la vida", ante el anuncio del ministro de Trabajo que para junio todos los peruanos tendrán acceso a atención de salud, semi o totalmente subsidiada. Es de esperar que serán prioridad las personas con mayor riesgo de enfermar y morir, que son los pobres, y que a ningún burócrata se le ocurrirá hacer pagar por su salud a las familias que no pueden costear su canasta básica.

Hay que señalar que la Ley 28588, promulgada en julio del 2005, ya incorpora a los adultos pobres al Seguro Integral de Salud (SIS), estando gestantes, niños y adolescentes, cubiertos desde su creación en octubre del 2001. Esta ley dispone como fuentes de financiamiento, la asignación prioritaria de recursos de cooperación internacional reembolsable y no reembolsable dirigidos a programas de alivio o superación de la pobreza, así como también que cada ampliación presupuestal que remita el Ejecutivo al Congreso de la República, asigne prioritariamente nuevos recursos para la incorporación progresiva de los adultos pobres.

Como usted supondrá, ninguna ampliación presupuestal ha asignado fondos para cumplir esta ley.

Un proceso de cobertura total debe provenir de una visión más amplia que la exclusivamente sanitaria. Expandir la seguridad social a partir de aportes personales o familiares, sin buscar simultáneamente un proceso de formalización de la economía y mejora de las condiciones laborales, sería solo un parche.

Otra ley, la 28298, tiene entre sus incentivos para asociatividad productiva rural, la doble deducción --en el Impuesto a la Renta de tercera categoría-- por el pago de CTS, gratificaciones, vacaciones y Essalud. Es decir que si hoy un pequeño agricultor tiene salud subsidiada por el SIS, al pasar a formar parte de un consorcio utilizando esta ley, pasaría a recibir salud contributiva por Essalud. Este proceso tiene la gran ventaja de no solo formalizar la actividad económica rural, sino mejorar los ingresos y recuperar el número de aportantes a la seguridad social y los fondos de pensiones. A pesar de que esta ley fue promulgada en julio del 2004, recién en abril del 2008 se creó el grupo que trabaje su reglamento. Impresionante retraso ante la magnitud de las exigencias.

Como usted ve, tenemos un serio problema de vigilancia y control ciudadano institucionalizado, que hasta ahora no puede resolver la representación parlamentaria, los gremios o las ONG. Con pocas asociaciones de consumidores y ninguna asociación de contribuyentes al fisco, este es un tema pendiente en nuestro país.

Si estas dos leyes se hubieran cumplido, al expandirse la cobertura de salud a los adultos, estos habrían llevado a sus hijos a los servicios de salud y ya estaríamos con las cifras de mortalidad infantil por debajo de la respectiva Meta del Milenio. ¿Sabía usted que a fines de la década pasada, mientras la mortalidad infantil general descendía, la de los dos quintiles más pobres aumentaba? Felizmente esto ha sido corregido por la democracia. Sin embargo, no cumplir las citadas leyes ha contribuido a que la reducción de la mortalidad infantil 2004-2006 sea inferior a la del bienio precedente.

El incumplimiento de estas leyes, desde su promulgación, demuestra que hay personas en el Estado que se han olvidado que no se representan a sí mismas sino a todos los peruanos. ¿Quiénes son esos burócratas que --afectando a la democracia-- priorizan hacer caja antes que proteger la vida y la dignidad de los pobres?

Esto sucede cuando en un país los "cajeros y cobradores" se apropian del planeamiento. Y encima, ahora que por fin se anuncia que tendremos centro de planeamiento, estos advierten que seguirán decidiendo qué se hace y qué no. ¿Se imagina el absurdo de una empresa donde "caja y cobranzas" decida la marcha y futuro de la misma, en vez de planeamiento y el directorio? Bueno, así "funciona" el Perú.