Por Luis Solari de la Fuente. Ex primer ministro
España fue el único país europeo que en los años 90 invirtió en nuestra región aplicando criterios geoestratégicos, en energía, comunicaciones y finanzas. Fue el jefe del Estado Español, en 1994, quien propuso celebrar una Cumbre América Latina y el Caribe (ALC)-Unión Europea (UE). Recién en junio de 1999 se concretó la primera. Mientras, Estados Unidos conducido por los clintonianos, usó los años 90 para aplicarnos el socialmente desvastador Consenso de Washington. Recién en el 2001 Estados Unidos anunció la política "el siglo de las Américas", que contribuiría a convertir el continente en un bloque protagónico en el balance de poder del siglo XXI. Esta política fue sustituida por la agenda de seguridad surgida desde el ataque a las torres gemelas.
Casi a veinte años del derrumbe del Muro de Berlín, el rediseño del poder ha situado a la cuenca del Pacífico en papel primordial, y así a los países de nuestra región. No tengamos dudas, conociendo la pequeña participación de la UE en el mercado América Latina, que el interés europeo de avanzar en los Acuerdos de Asociación es esencialmente estratégico, con definidos componentes político, social y económico. Con casi diez años reuniéndose, solo México y Chile tienen estos acuerdos con la UE, no siendo burocrática la causa del retraso, sino esencialmente por un desencuentro de visiones.
La UE es prueba de que buscar el bienestar de la ciudadanía, proteger los derechos de las personas, respetar el Estado de derecho y los principios de la democracia, y una intensa integración regional, son esenciales para la buena marcha de las naciones. Recordemos que en la posguerra, los países europeos aplicaron políticas comunes en su reconstrucción; una de ellas devino en la integración económica. Nuestra Comunidad Andina de Naciones (CAN) no ha dado prioridad a las políticas comunes.
Nuestros países, en cambio, ven los acuerdos de asociación ALC-UE a la inversa: primero económico, luego social y, al final, político. Aunque es entendible que algunos sectores tengan una visión economicista de estos acuerdos y planteen un entendimiento individual por país, es evidente que mejor les va a las naciones que actúan en bloque. Un país unido a un asociado estratégico gigante, por las grandes diferencias, terminaría convertido en plataforma de intereses. En cambio, un bloque de países, tan solo demográfica y territorialmente, ya se constituye como socio.
Estas dos visiones, la estratégica y la economicista, encuentran en la Declaración de Lima, de la Quinta Cumbre ALC-UE, linderos claros de por dónde tiene que ir el diálogo. El documento dice claramente que los acuerdos de asociación ALC-UE son "objetivos comunes estratégicos de muy alta prioridad política"; también, que el fomento del bienestar de los pueblos y la profundización de la integración regional son medios para alcanzar la asociación estratégica birregional. Asimismo, señala que la UE tomará en cuenta las asimetrías entre los países y la necesidad de flexibilidad.
Más claro no canta un gallo: se tomará en cuenta las diferencias entre los integrantes, pero la prioridad la tiene el fortalecimiento de la integración regional. Nuestra región desunida no nos sirve ni a nosotros mismos. Por ello, utilizar el diálogo ALC-UE y, especialmente, el CAN-UE, es una oportunidad que no podemos desaprovechar para limar asperezas con y entre nuestros vecinos andinos, y comenzar a dar prioridad a lo político estratégico sobre lo económico. El debate no es qué presente queremos, sino qué futuro queremos. Las pasiones de pocos en el presente, no deben anteponerse al anhelo de muchos por el futuro mejor.
La Declaración de Lima es como la lámpara de Aladino, solo que ahora dos partes tienen que ponerse de acuerdo en lo que van a plantear al genio: presente o futuro, unión o fragmentación, justicia o negocio, intereses grupales o lo bueno para todos. Nuestra cancillería ya debería tener un equipo que exclusivamente se dedique a "frotar la lámpara", para la ejecución pronta de los acuerdos.