Posibilidad de controlar medios de comunicación pierde fuerza

QUITO. Un nuevo cortocircuito al interior del partido oficialista, Acuerdo País, se evidenció el jueves en el primer debate de los articulados sobre la comunicación, al que asistieron como observadores los directivos de algunos medios privados.

Varios de los contenidos de los 11 artículos sobre el tema entregados por la mesa 1 de la Asamblea Constituyente fueron cuestionados incluso por los propios asambleístas de esa bancada al punto que para el segundo debate se modificarían totalmente, según fuentes del oficialismo que pidieron la reserva.

La posibilidad de que el Estado, por ejemplo, pueda controlar la libertad de expresión de los comunicadores pierde fuerza en un sector de Acuerdo País.

Y ese fue el mensaje que el oficialismo tenía previsto aclarar a la opinión pública en el debate que se llevó a cabo en Ciudad Alfaro.

Con ese objetivo, la dirigencia del bloque y algunos asesores de la asamblea se reunieron la noche del pasado miércoles en Manta para planificar la estrategia en la que inicialmente estaban previstas al menos tres intervenciones fuertes de igual número de asambleístas.

SIN CONTROL DE CONTENIDOS
Fue la vicepresidenta de la mesa 10, María Paula Romo (Acuerdo País), la encargada de poner en escena el tema con un contundente pronunciamiento.

La asambleísta fue clara al señalar que el Estado "no puede ni debe controlar contenidos", sino que la comunicación debe regirse por normas y convenciones vigentes en las que se establecen las prohibiciones de difusión de este tipo de mensajes. "Me preocupa que en nombre de impedir programas que muestren violencia, nos impidan ver películas o valiosos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial", comentó.

Aclaró, sin embargo, que se debe impedir los monopolios y oligopolios de los medios de comunicación, así como su vinculación con otros sectores de la economía. "Solo así se garantiza la información veraz", sentenció.

Romo fue secundada de manera más radical por el asambleísta de Imbabura Marcos Martínez, quien recordó el papel de los medios privados durante el fallido golpe de Estado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abril del 2002.

Y fue duro. Reveló las supuestas vinculaciones entre algunos medios televisivos con grupos económicos. Mencionó sin detalles al grupo Isaías, Marcel Rivas, la familia Alvarado Roca (Ecuavisa) y el grupo El Juri.

Pero el asambleísta de minoría Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) cuestionó el texto de la mesa 1 y aclaró que el simple hecho de que se presenten más de diez artículos implica un intento de coactar la libertad de expresión. Para él, los temas que además deben contemplarse son las frecuencias y el derecho a la honra.

Eduardo Maruri, de la agrupación UNO, hizo un llamado a profundizar los mecanismos de autorregulación de los medios y las agencias de publicidad contemplados en sus códigos de ética.

La asambleísta alterna de Acuerdo País Helga Serrano mostró un diagnóstico sobre la situación de las frecuencias. Dijo que el 85% de radios es comercial, el 3% comunitario y el 12% pertenece a iglesias. Tania Hermida (Acuerdo País) sugirió una reforma a la Ley de Televisión y Radiodifusión, mientras que María Augusta Calle dijo que en la actualidad los medios privados tienen apenas el 5,3% de credibilidad.

CLAVES
Entrega irregular de frecuencias
4El asambleísta oficialista Paco Velasco denunció que, de acuerdo con una auditoría de la contraloría, desde enero del 2003 hasta el 30 de mayo del 2005, se entregaron de forma irregular 370 frecuencias y 80 canales de televisión.
4Dijo que los dueños de los medios fueron juez y parte en ese proceso.
4Aclaró también que un banquero no puede tener una concesión del espacio radioeléctrico que es de todos los ciudadanos. Velasco añadió que los dueños de los medios no deben dedicarse a otras actividades.