Por Susan Abad. Corresponsal
BOGOTÁ. La senadora colombiana Piedad Córdoba se declaró ayer "perseguida política" por el "gobierno mafioso" de Álvaro Uribe, luego de que la fiscalía iniciara el jueves una investigación en su contra por nexos con las FARC, basándose en supuestas pruebas encontradas en las computadoras de 'Raúl Reyes'.
La senadora opositora --quien medió para la liberación de secuestrados junto con el presidente venezolano Hugo Chávez-- aseguró que esta acusación es una cortina de humo para tapar los escándalos de la llamada 'parapolítica', que ya ha provocado que 30 congresistas de la coalición del gobierno fueran detenidos y que otros 32 sean investigados.
Córdoba añadió que no cree en las presuntas evidencias anunciadas por la fiscalía colombiana el jueves, que implican además a dos congresistas opositores de izquierda, dos ecuatorianos, un diputado venezolano, un académico estadounidense, dos periodistas y tres activistas colombianos de derechos humanos, quienes han negado cualquier tipo de relación con las FARC distinta a las gestiones de paz y por la liberación de los rehenes.
El fiscal general Mario Iguarán pronosticó que la investigación sobre la llamada 'farcpolítica' será larga y compleja. El funcionario negó que el proceso sea una maniobra para tapar el escándalo de la 'parapolítica', desatado a finales del 2006 por los nexos de numerosos políticos afines al Gobierno con los grupos paramilitares de ultraderecha.
Sobre Córdoba, quien admitió que apoya algunos planteamientos sociales de las FARC, el fiscal dijo que se busca establecer si los correos electrónicos hallados en las computadoras "van más allá de las gestiones por la paz".
POCAS PALABRAS
El presidente Hugo Chávez --quien no es investigado, pero que está involucrado en una presunta ayuda y protección al grupo terrorista-- dijo que la acusación de vínculos con las FARC por la que será investigada Córdoba es una prueba de que "en Colombia están más enredados que un kilo de estopa".
Chávez no ahondó más en el tema y dijo que las primeras investigaciones, que también tocan a su cercano aliado, el parlamentario andino Amílcar Figueroa, "son cosas de Colombia".
Desde Caracas, en una entrevista radial, Figueroa calificó a la acusación como una "patraña". Dijo que se trata de un montaje que pretende distraer a la opinión pública colombiana y vincular al Gobierno de Venezuela en los asuntos internos de Bogotá.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, aseguró el jueves que su despacho está listo para solicitar la presencia de las personas que requiera la fiscalía, en el marco de la investigación contra los cuatro extranjeros acusados de tener nexos con las FARC: Amilcar Figueroa, la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle, el ecuatoriano Iván Larrea y el profesor estadounidense John James.
Los documentos hallados en las laptops del segundo hombre de las FARC, cuya autenticidad fue garantizada por Interpol, también contienen supuestas pruebas sobre vínculos del grupo terrorista con los Gobiernos de Ecuador y Venezuela, que han sido negados en forma vehemente tanto por Quito como por Caracas.
Parte caravana en busca de los secuestradosUnas 400 personas en ocho autobuses y varios automóviles fueron despedidas en la Plaza Bolívar, en el centro de la capital colombiana, por el alcalde Samuel Moreno y decenas de personas que les desearon éxito en su misión. El grupo espera llegar hoy a la ciudad de Villavicencio y el domingo arribará a El Retorno, donde vivió el pequeño Emmanuel, hijo de la ex rehén Clara Rojas, y donde se presume que Ingrid Betancourt fue atendida de graves enfermedades.
También en las cercanías de este poblado fueron liberados entre enero y febrero pasados cinco secuestrados que las FARC entregaron a la senadora Piedad Córdoba en un acto "de desagravio" a Hugo Chávez.
Edgar Torrejano, miembro de la ONG Asamblea por la Paz que promueve la marcha, resaltó que en la caravana participan delegados de agencias de la ONU y de las embajadas de España, Francia y Suecia en Colombia, los que actuarán como "observadores".
La caravana se produce al mismo tiempo que el presidente Álvaro Uribe ordenó redoblar la búsqueda militar de los rehenes.
MÁS DATOS
4Las FARC tiene 40 rehenes, entre políticos, militares y extranjeros, a los que denomina "canjeables" y por quienes pide la liberación de unos 500 subversivos presos.
4La Asamblea Constituyente de Ecuador calificó de agresión de parte del Gobierno Colombiano la investigación contra María Augusta Calle por presuntos vínculos con las FARC y llamó a la ciudadanía a manifestar su desaprobación.