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Fonafe: a grandes males, grandes remedios

A partir del escándalo del Banco de Materiales (Banmat), se ha reavivado un interesante debate sobre las empresas del Estado. El primer punto salta a la vista: ¿Es necesario mantener a casi 40 empresas en manos del Estado? Creemos que no. La función del Estado no es administrar empresas, lo que hace mal. Y es más, cuando así sucede, se crea focos de corrupción.

El reciente escándalo del Banmat ha servido también para analizar a fondo las medidas correctivas para deslindar responsabilidades y sancionar graves irregularidades en esta entidad pública y el sistema en general. También, para evaluar las medidas necesarias que deben tomarse a nivel estructural para evitar que se repitan escándalos de corrupción como este.

Efectivamente, es insoslayable la responsabilidad que debe asumir en el problema el llamado Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), holding que agrupa y controla la totalidad de las empresas públicas. Por lo mismo, la solución pasa necesariamente por modificar esta entidad y tomar decisiones radicales en cuanto a la gestión empresarial del Estado.

¿Qué hacer? Uno de los aspectos más problemáticos es la carencia o laxitud de los mecanismos de control. A diferencia de las empresas privadas del mismo nivel, cuyas acciones se negocian en bolsa, de modo que todos los accionistas las pueden supervisar, nadie sabe cómo funcionan las empresas del Fonafe ni qué se hace con el dinero de todos los peruanos.

Todo ello, a pesar de que incluye a entidades de gran envergadura, como Petro-Perú, Sedapal, Enapu, el Banco de la Nación, Electro-Perú y otras empresas eléctricas estatales, que consolidan uno de los holdings con mayor presupuesto del país.

Por lo mismo, se hace necesario modificar directorios, incluyendo a miembros de la sociedad civil o de los gremios empresariales, que velen por los intereses de los verdaderos dueños de las empresas públicas, que somos todos los peruanos. El sistema actual, con los ministros como directores, ha probado ser ineficiente y riesgoso, pues es evidente que no tienen tiempo para aplicarse a una tarea que demanda gran dedicación técnica, por lo que en la práctica no asumen las responsabilidades propias de un miembro del directorio.

Luego, al igual que en las empresas privadas, hay que instituir severas auditorías externas, con mecanismos de gestión y sanción que hagan imposible que las empresas se sustraigan a ese control. Los sistemas de control tienen que ser autónomos y blindados de cualquier interferencia política del directorio o de las propias empresas. Y, con el mismo rigor, debe obligarse a todas las empresas públicas a publicar sus presupuestos, ingresos, gastos y balances de gestión en sus páginas web para que los ciudadanos sepan qué se hace con sus impuestos.

Asimismo, el Gobierno tiene que evaluar seriamente la posibilidad de negociar por lo menos un porcentaje de las acciones de las empresas públicas en bolsa, lo que las obligaría a publicar sus balances de modo periódico y transparente.

Más aun, ahora que el concepto de empresas estratégicas ha perdido vigencia, tiene que analizarse qué empresas públicas deben seguir bajo el paraguas del Fonafe y cuáles serían mejor manejadas por el sector privado y deberían darse en concesión o ser privatizadas. Los criterios, como hemos señalado antes aquí, deben ser la búsqueda de eficiencia, evitar el malgasto de fondos estatales y desalentar esquemas de corrupción, que se dan precisamente por la mala gestión y la laxitud de los controles.

Lo que no puede permitirse es que las cosas continúen como si nada hubiera pasado. El Estado está para servir a los ciudadanos y no para permitir que algunos inescrupulosos, con carnet partidario o sin él, se aprovechen de los vacíos existentes para medrar y birlar recursos que son de todos los contribuyentes. En tal contexto, es sumamente urgente que, dentro de la reforma del Estado, se aborden las modificaciones pertinentes en la estructura y modo de actuar del Fonafe y las empresas públicas.