Editorial. El Mercurio de Chile. GDA
Los encuentros presidenciales en las cumbres de Lima y de esta semana en Brasilia, y los éxitos macroeconómicos peruanos con subsecuente interés en Chile han dado nueva relevancia a la relación bilateral. Canalizado el diferendo limítrofe planteado por Perú en la Corte de La Haya, y pendiente hasta marzo del año próximo el plazo para la presentación de la memoria peruana, la relación (superados algunos ripios motivados por actos aislados del vecino país) corre por cauces de normalidad. Subsisten, sin embargo, áreas y desarrollos paralizados, aunque nuestra Cancillería y otros personeros de gobierno la definen como normal, y han reiterado su decisión de que así sea. El presidente García ha ido más allá y ha pedido reforzar todo el espectro de la relación bilateral, aislando o encapsulando el pleito ante La Haya.
Ella es rica. En el 2007, el comercio se acercó en su conjunto a los tres mil millones de dólares, y las exportaciones de ambos países superaron los mil millones de dólares, siendo mayores las peruanas. A fines del 2007, las inversiones chilenas eran de aproximadamente 5.700 millones, suma que debería crecer este año. Está en marcha una integración física, aunque no energética. Existe un intercambio regular de personas y una presencia en Chile --bien acogida-- de aproximadamente 80 mil peruanos. Hay cooperación en variedad de foros y preparación para la reunión del APEC de fines de este año en Lima. En general, la colaboración es real y normal.
Sin embargo, está paralizada la aprobación del tratado de libre comercio, que será un mejor vehículo que el de complementación. Los contactos en defensa y, concretamente, las reuniones de dos más dos no han tenido el desarrollo tradicional. Áreas como la energía se han excluido de la cooperación mutua. No se ha avanzado en la acción común en el Asia-Pacífico ni en otros foros, como el convenio pesquero en negociación para el Pacífico Sur, y es lenta la cooperación en el Pacto Andino.
Una cooperación más plena (que supere desconfianzas y actos aislados) requeriría, probablemente, un acuerdo de alto nivel, que tendría que construirse sobre la radicación en La Haya del diferendo suscitado por Perú, y su encapsulamiento. Exigiría el mantenimiento del statu quo en relación con las cuestiones ahora planteadas a ese respecto, como en su inicio lo comprometieran los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú. Supondría, además, el firme compromiso mutuo de actuar con moderación y prudencia permanentes en actos y declaraciones relacionados con ese diferendo. Tal entendimiento político y diplomático podría acordarse en el más alto nivel, y si tuviere bases firmes, sin duda facilitaría la indispensable puesta en vigor del TLC y el aliento a la cooperación económica; permitiría retomar una más estrecha cooperación en defensa; alentaría iniciativas de integración, y haría posible que las cancillerías desarrollaran una amplia cooperación en el Asia-Pacífico y en otros foros de importancia.