Por Renzo Guerrero de Luna
Eran las 6:20 a.m. cuando la Policía Anticorrupción ingresó ayer al domicilio de María Gibaja Mejía, quien el último miércoles denunció que durante seis meses laboró como empleada del hogar de la alcaldesa provincial del Cusco, Marina Sequeiros, pero cobraba su sueldo a través del Servicio de Limpieza Pública del Cusco (Selip), que depende del concejo cusqueño. En el interior de la vivienda, la policía encontró al gerente de Desarrollo Social del concejo provincial, Jorge Gibaja Ormaechea.
El funcionario había llegado a la vivienda de María Gibaja para solicitarle, a nombre del gerente del Selip, Julio Cornejo Cáceres, que firmara algunos documentos. Este hecho llamó la atención de los representantes del Ministerio Público ya que, según dijeron, podría tratarse de una extorsión o soborno, aunque el intervenido sostuvo que se trataba de una visita familiar, pues la denunciante es su prima.
DOCUMENTOS POR FIRMAR
Durante el interrogatorio realizado por Víctor Farfán Mercado, de la Tercera Fiscalía Penal del Cusco, Jorge Gibaja dijo que había llegado a la mencionada vivienda a preguntar por la familia. Luego, tras la insistencia del fiscal, reveló que lo hacía a pedido de Julio Cornejo, quien la noche anterior lo había llamado y le había dicho que interviniera en la escandalosa denuncia contra la alcaldesa Marina Sequeiros.
Para ello, le entregó dos documentos que debían ser firmados por María Gibaja. Uno de ellos era una carta de renuncia con fecha 2 de mayo, en la que se especificaba que había trabajado en Selip. Ello no concuerda con lo dicho por la ex trabajadora del hogar, quien asegura que Marina Sequeiros la despidió de las labores que realizaba en su vivienda el 11 de mayo y sin razón alguna.
El otro documento era una declaración jurada en la que se señalaba que la denunciante no tenía ningún familiar en la municipalidad. Sin embargo, Jorge Gibaja es su primo, como él mismo lo hizo saber a las autoridades policiales y judiciales.
Gibaja aseguró que él no había obligado a su prima a firmar ninguno de los documentos que se hallaron en su poder, y que solo se había acercado a su vivienda para enterarse en qué problema se había metido. Lo que no supo explicar es por qué tenía una grabadora en un bolsillo y S/.700 en otro.
UN PASO AL COSTADO
Este nuevo escándalo ha alarmado a los regidores del concejo cusqueño, algunos de los cuales se acercaron en la tarde de ayer a la sede del Ministerio Público para indagar sobre este hecho.
Según los regidores Edith Sinchi Roca, Luis Flórez y Alejandro Reyes, la alcaldesa Sequeiros debía dar un paso al costado mientras duran las investigaciones.
Dieron a conocer que esta denuncia será incorporada al expediente enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por un caso de nepotismo, en el cual solicitan la vacancia de la alcaldesa. "Estos son delitos gravísimos que podrían acabar con la señora Marina Sequeiros en la cárcel", refirió Alejandro Reyes.
La situación de la alcaldesa se vería en una sesión extraordinaria de concejo, la cual ha sido solicitada por el JNE, pero hasta la fecha no ha sido convocada. El plazo para esa reunión vence el 9 de junio.
Según la alcaldesa Sequeiros, todas las denuncias en su contra forman parte de una campaña emprendida por sus enemigos políticos que no la quieren en el concejo provincial.
MÁS DATOS
Graves denuncias pendientes
4El 22 de mayo se acusó a Sequeiros por una supuesta sobrevaloración de las obras que el concejo cusqueño realiza para las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
4Tres días después se le denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones por nepotismo al contratar a dos familiares en centros turísticos que dependen de su concejo.
DEL CONSULTOR
Vacancia no sería posible*
Los delitos en los que ha incurrido la alcaldesa Marina Sequeiros no figuran dentro de lo que la Ley Orgánica de Municipalidades considera como causales de vacancia. Dicha norma solo establece la vacancia de un alcalde por muerte, condena por delito doloso, enfermedad, ausencia de la jurisdicción que dirige por más de 30 días consecutivos y sin autorización del concejo, nepotismo y si asume otro cargo público.
En este caso se debe esperar a que los procesos judiciales por los delitos que se le imputan concluyan y confirmen su responsabilidad. En ese momento sería posible la vacancia al tener una condena por delito doloso.
También existe la posibilidad de que el concejo de regidores se reúna con la alcaldesa y someta a votación su suspensión por no más de 30 días. Este proceso tendría que estar incluido en el reglamento del Concejo Distrital del Cusco. Sin embargo, este no ha sido publicado aún en el diario oficial "El Peruano", por lo que no es válido.
Solo los miembros del Ejecutivo pueden ser vacados por incapacidad moral. Para el caso de los alcaldes, se sabe que está en preparación un proyecto de ley.
*Marco Tulio Gutiérrez. Abogado