Según la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría admitido una medida cautelar que pide al Estado Peruano garantizar la integridad de los directivos de esa ONG y no interferir en sus actividades, a propósito de la investigación iniciada en su contra por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Francisco Soberón, director de Aprodeh, señaló que esta medida fue planteada en respuesta a los "ataques" que recibió su institución, a raíz de la carta que envió al Parlamento Europeo para pedir que no se sobredimensione el accionar del MRTA.
Según Soberón, esta decisión significaría que no debe existir ninguna medida administrativa ni legal que impida el trabajo de los organismos de derechos humanos.
El titular de la Comisión de Justicia del Congreso, Raúl Castro, calificó de "exagerado" el pronunciamiento de la comisión a pedido de Aprodeh y opinó que, de ser cierto, la reacción de esa institución forma parte de un "juego político". "No hay nada contra Aprodeh, más allá de un derecho de crítica que es absolutamente democrático".
EL PEDIDO DE GIAMPIETRI
De otro lado, diversos ministros de Estado prefirieron no opinar sobre la propuesta del vicepresidente y congresista Luis Giampietri de que el país se retire en parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que antes de opinar al respecto, esperará a que esa instancia resuelva el pedido peruano de interpretar el fallo sobre el Caso Castro Castro (que obliga al Estado a indemnizar e incluso reivindicar el nombre de terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA).
El canciller José Antonio García Belaunde y el ministro de la Producción, Rafael Rey, coincidieron en que el tema no merece una opinión de ellos, sino del gobierno.
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