Los costos del Caso Romero

Por Ernesto de la Jara. Director de Justicia Viva

Recordemos algunos hechos vinculados al Caso Ángel Romero para entender la gravedad de la sospechosa decisión que ha tomado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mediante cuatro votos a favor y tres en contra, de restituirlo en el cargo de presidente de la Corte Superior, cuando lo había destituido. Un cambio de posición a partir de un recurso de reconsideración que, de acuerdo a ley, solo debería proceder ante la existencia de una contundente prueba nueva, la que hasta hora nadie ha mostrado.

Por la destitución de Ángel Romero primero se pronunció la OCMA, órgano que forma parte del Poder Judicial, y que tiene como máxima autoridad a un vocal supremo titular (actualmente, Elcira Vásquez). Una jueza decidió destituir a un juez. Y no fue la única jueza en contra de Romero. Recordemos que cuatro jueces miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial confirmaron la decisión de suspenderlo mientras duraba la investigación. El único consejero que votó en contra fue Mena Núñez, hoy apartado del consejo por serias denuncias de corrupción en su contra.

Es así que el caso llega al CNM. Y luego de seis meses de exhaustiva investigación, este órgano opta por la destitución de Romero. Quiere decir entonces que el órgano de control interno (OCMA) y el de control externo (CNM) coincidieron en que la destitución debía ser la sanción.

A Romero se lo acusa de haber declarado fundado un amparo. Un amparo que fue considerado por la mayoría de los jueces como improcedente, lo cual es otro motivo de sospecha. Tanto el juez de primera instancia como los otros dos magistrados integrantes de la misma sala de Romero se pronunciaron por la improcedencia del amparo porque estaban seguros de que no era la vía para discutir ese tipo de casos.

Producida la discordia (dos votos contra uno de Romero), una serie de irregularidades explican que terminara ganando la posición minoritaria de Romero. Primero, se llama sucesivamente a otros dos magistrados para que voten, pero estos se inhiben porque ya había fallado en otro caso conexo. Sin embargo, un tercer magistrado, que estaba en la misma situación, en lugar de inhibirse, vota, y lo hace igual que Romero.

Y cuando a una determinada magistrada le tocaba votar, el vocal que había votado igual que Romero, pide una licencia medio rara --como lo señala la OCMA--hecho que determina que quien termine votando sea otra magistrada (que lo reemplazó). ¿Cómo vota esta magistrada que se mete al caso por los palos? ¡Oh sorpresa!, en el mismo sentido que Romero. Es decir, el amparo que comenzó solo con un voto a favor y tres en contra, terminó ganándose tres a dos. Una muy inusual volteada de partido.

A todo esto se suma el fundamento central que hay contra la actuación de Romero: el haber expedido fallos contradictorios, lo que quiere decir que en este caso falló a favor del amparo, pero que en otro idéntico falló en contra, sin que existiera ninguna razón para ello.

Recordemos que en este caso hay mucha plata de por medio. La consecuencia práctica de pronunciarse a favor del amparo, como lo hizo Romero, es que más de 30 ex empleados del BCR, quienes en el 1992 se acogieron a un programa de renuncias voluntarias a cambio de incentivos económicos y el pago inmediato de beneficios sociales, tendrán que ser repuestos. Y se calcula que el desembolso que tendrá que hacer dicho banco por concepto de derechos denegados supera los 60 millones de soles.

Pero el costo de lo que viene ocurriendo, si se llega a consumar, será mucho mayor: un presidente de la principal corte del país (la de Lima), bajo sospecha y sin autoridad moral, así como un Consejo Nacional de la Magistratura también bajo sospecha y sin autoridad moral para actuar. Y asimismo será un punto más en contra del Congreso, si este no cumple por lo menos en formalizar la investigación que corresponde contra los consejeros.

Y la pregunta que inevitablemente quedará pone en cuestión la institucionalidad democrática: ¿de dónde ha venido el poder que pudo hacer que el CNM cambiara de opinión? ¿Corrupción? ¿O la motivación bajo la mesa es volver a tener canales de injerencia en órganos clave del sistema de justicia, como en los 90? Grave, muy grave.