Si bien el Estado Peruano ha demostrado voluntad para optimizar la gestión de la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, aún quedan temas pendientes que requieren de atención. Ese es el diagnóstico al que llega la Contraloría General de la República en su reciente informe "Programas sociales en el Perú: elementos para una propuesta desde el control gubernamental".
La propuesta de dicho organismo de control se basa en el marco lógico, el cual señala que todo programa social debe no solo contar con objetivos, metas, indicadores de inicio, resultado e impacto, sino que además debe haber coherencia entre estos elementos.
Además, la contraloría recomienda fortalecer la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) para que se constituya como la autoridad social nacional encargada de dirigir la alineación de los objetivos, metas, indicadores y gestión de los programas sociales.
Para ello, sugiere que esta instancia atienda la necesidad de establecer una definición de programa social que contemple el concepto elaborado por el Ministerio de Economía y que permita a los distintos sectores del Poder Ejecutivo identificar cuáles de sus intervenciones y proyectos constituyen un programa social.
Asimismo, el documento aconseja mejorar los criterios de focalización geográfica e individual, así como desarrollar un sistema transversal de monitoreo y evaluación, el cual permita medir la contribución de los diferentes programas sociales en el avance de las metas globales.
El informe destaca como aspecto positivo de la actual reforma de los programas sociales el diseño de estrategias como Crecer, pues señala que esta modalidad resulta favorable para la coordinación entre diferentes programas en ámbitos específicos.
Más allá de ser un reto, el informe considera la transferencia de los programas sociales a los gobiernos locales como una oportunidad, en la medida en que los gobiernos locales han incrementado su participación en el gasto público en 6,1% entre el 2004 y el presupuesto previsto para el 2008.
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4El informe enfatiza en que el gasto social mantiene niveles inferiores al promedio latinoamericano. Mientras este representa el 8,2% del PBI de otros países, el Perú ha invertido el 5,5% en gasto social el 2006.
4La contraloría también sugiere establecer y mantener actualizado un registro único en el que se integren los beneficios de los programas sociales, para evitar problemas de subcobertura o filtración.