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Denuncian irregularidades en el servicio parlamentario

Por Jorge Saldaña Ramírez

¿Creería usted que en el Congreso existe personal de limpieza que labora como personal de apoyo a las comisiones dictaminadoras donde literalmente nacen las leyes?

Este desorden de índole laboral existe en este poder del Estado y fue denunciado ayer a El Comercio por la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Martha Moyano, al graficar la urgente necesidad de que el Parlamento discuta y apruebe el estatuto del servicio parlamentario, cuyo texto está pendiente de debate en el pleno del Legislativo desde el 24 de abril.

La última vez que Moyano pretendió que el plenario congresal se pronunciara acerca de esta suerte de norma reglamentaria de la carrera del trabajador parlamentario fue el pasado 22 de mayo, pero no tuvo eco entre los voceros de las diferentes bancadas parlamentarias.

En esa fecha, la congresista aprista Mercedes Cabanillas presentó reparos al texto propuesto, porque denunció que uno de los considerandos del estatuto abría las puertas para ampliar el Cuadro de Asignación Personal (CAP) en abierta contradicción con el espíritu meritocrático que debe caracterizarlo.

"No nos olvidemos de que el Congreso tiene 15 trabajadores transitoriamente incorporados por medidas cautelares, 35 trabajadores por mandato del Tribunal Constitucional, que realmente tiene un paquete de 276 trabajadores".

Moyano retrucó que lo que se busca con la dación de este estatuto es sincerar la ubicación y labor de cada uno de los 849 trabajadores que trabajan exclusivamente en el servicio parlamentario, y no pretende aplicarse sobre quienes laboran en los 120 despachos de congresistas, porque estos constituyen personal de confianza de cada uno de nuestros padres de la patria.

"A igual función, igual remuneración. Es importante que vayamos a sincerar la situación de los trabajadores", replicó.

El Comercio obtuvo ayer el texto del estatuto del servicio parlamentario que desde hace un mes está listo para su debate en el pleno. Allí se plantea, entre otras novedades, que el auditor general, quien es una suerte de brazo derecho de la contraloría, sea nombrado por la Mesa Directiva del Parlamento a propuesta del presidente del Congreso.

También se plantea que en un plazo perentorio de 40 días, después de aprobado este estatuto (para lo cual se requiere una simple votación por mayoría), se defina el perfil correspondiente a los puestos y cargos, el número de plazas y el CAP en base a una propuesta presentada por la Oficialía Mayor.

En igual plazo de 40 días se efectuará una "adecuación y ordenamiento del sistema de remuneraciones del Congreso que comprenda, en ese orden, los grupos ocupacionales de auxiliares, técnicos, profesionales y funcionarios, pudiendo conllevar a la reformulación de las categorías correspondientes, la cual deberá contar con la aprobación de la Mesa Directiva".

Moyano recalcó que estas y otras propuestas pueden ser modificadas o eliminadas. "Lo importante es debatirlas", dijo.

AL GRANO
PERCY MEDINA MASÍAS. ASOCIACIÓN TRANSPARENCIA
4 "Hay que restringir al mínimo el personal de confianza"
¿Por qué es importante la dación del estatuto del servicio parlamentario?
Es fundamental que exista un servicio parlamentario moderno y calificado que trascienda las gestiones de las mesas directivas. Las mesas directivas duran un año. Y si cada año se va a cambiar al personal, pues el Congreso no funciona. Hay que restringir al mínimo el personal de confianza.

¿Es dable que un auditor del Congreso sea nombrado por su fiscalizado, en este caso la Mesa Directiva del Parlamento?
Es lo mismo que ocurre actualmente. Otra cosa sería que (en el estatuto) se especificara (que el nombramiento del auditor) fuera por concurso. Pero hay otras normas que dicen que ese tipo de cargos sea cubierto por concurso público.

ENFOQUE
Quién lo diría, quién lo creería
En 1993 fue la primera vez que se consignó en el Reglamento Interno del Congreso --que tiene fuerza de ley-- que en ese poder del Estado debía regir un estatuto del servicio parlamentario.

Desde entonces muchos aviones han cruzado por los cielos y esa exigencia reglamentaria se quedó en el papel. Hace ocho meses que a la congresista fujimorista Martha Moyano se le dio la tarea de elaborar una propuesta normativa. El documento final está circulando entre las distintas bancadas desde hace un mes, pero nadie dice nada al respecto. Habría dos razones que explicarían el porqué quizás ni se discuta en estas últimas plenarias del Congreso: reduce la capacidad de maniobra que actualmente tiene un partido político para colocar a su gente en el espacio parlamentario. El otro motivo es que estamos en vísperas de terminar el segundo año parlamentario y en agosto próximo empezará una nueva legislatura con otra correlación de fuerzas desde la Mesa Directiva hasta en las comisiones dictaminadoras. Los legisladores son los primeros en reclamar orden, pero se callan cuando alguien quiere sincerar su propia 'casa'.