Evalúan fijar topes de duración en contratos temporales de exportación

Por Azucena León Torres

Los proyectos laborales aprobados las últimas semanas por la Comisión de Trabajo del Congreso, le están sacando canas al sector empresarial. Y aunque el Poder Ejecutivo ha señalado que sus preocupaciones no tienen sustento, los empresarios insisten en que de prosperar en el pleno, los dispositivos impulsados por el grupo que preside Isaac Serna restarán competitividad y afectarán el empleo.

Esta vez la discusión giró en torno a los dos dispositivos aprobados la semana pasada por la Comisión de Trabajo, que apuntan a derogar los contratos temporales en el sector exportador no tradicional y a modificar la Ley del Trabajador Portuario para establecer la negociación colectiva por rama de actividad.

¿Qué se busca al eliminar los contratos temporales? Según Serna, acabar con un régimen discrecional que se supone debía tener una vigencia temporal (en noviembre cumple 30 años de vigencia) y que hoy es materia de excesos por parte de un grupo de empresas que utilizan esta herramienta para extenderla a un personal administrativo permanente. "El Ministerio de Trabajo ha reconocido que contadores y secretarias también están bajo este régimen, lo cual no tiene lógica. Así como no la tiene que a un trabajador de campo se le extienda indefinidamente el contrato por 15 o 20 años", dice.

Y si bien José Luis Silva, presidente de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), reconoce que sí hay excesos, cuestiona que por la irresponsabilidad de unos cuantos se piense eliminar un régimen que ha tenido un impacto directo en la actividad exportadora del país. Más aun si esta herramienta les permite ser más competitivos, al otorgarles la posibilidad de adecuar la contratación de personal según sus órdenes de compra en el exterior. "Su eliminación implicaría que los costos laborales se incrementen en casi 10%, pues deberá considerarse el costo de despido. Si el Gobierno quiere proteger, que sancione los incumplimientos", propone el titular de ÁDEX.

NECESARIA REGULACIÓN
El ministro de Trabajo, Mario Pasco, por su parte, hace pocas semanas también se mostró en contra de derogar este régimen. Sin embargo, agregó que su despacho alistaba una propuesta alternativa para equilibrarla, pues se trataba de un régimen obsoleto que necesitaba ciertos ajustes para no dejar al trabajador en una "situación de inestabilidad absoluta". Y aunque no ha dicho cuándo tendrá lista su propuesta, ya adelantó que esta apuntaría a establecer topes en la duración de los contratos.

De hecho, esta es la mejor solución que encuentra el laboralista Germán Lora: "El ministerio debe hacer algo que nunca hace: exigir que a las empresas que sus contratos estén acompañados de la orden de compra y establecer límites, aunque con plazos flexibles, no mayores a los ocho años". Sin embargo, Javier Névez, laboralista y ex ministro de Trabajo, tiene una visión contraria.

"El exportador tiene las mismas desventajas y competencias que un productor local. La norma ya cumplió su objetivo: las exportaciones hoy son muy distintas a la del 70. ¡No se puede ser competitivos a costa del trabajador! Debe derogarse el régimen y considerarse dentro del general, donde se tiene nueve tipos de modalidades temporales para escoger", agrega.

NEGOCIACIÓN POR RAMA
El otro punto polémico en el Congreso son los cambios a la Ley del Trabajador Portuario, que además de imponer la negociación colectiva por rama de actividad, crea un registro de trabajadores portuarios. Este dispositivo generó el rechazo de los gremios de empresas portuarias y marítimas, asociados en la APAM, Asppor y Amarpe.

Los gremios afirman que imponer este tipo de negociación atenta contra la libertad de contratación que promueve la Constitución y la OIT. Además, para ellos, el registro significaría en la práctica el retorno de la comisión controladora, con lo cual se verá recortado su derecho a contratar cualquier trabajador portuario. Sin embargo, Névez y Lora coinciden en que por las características del sector, que tiene un alto nivel de rotación de los trabajadores (siempre pasan de una a otra empresa) y pluralidad de jefes, sí es aceptable esta figura. "Es cierto que la negociación por rama debe ser un acuerdo de partes, pero hay casos como este, en los que la ley también permite a la autoridad intervenir para equilibrar los poderes y proteger al trabajador. En este caso sería el portuario, donde la escala salarial es muy discrecional", afirma Névez.

Y si bien aún es incierto el momento en que estas iniciativas se someterán a debate en el pleno, todo indica que, como ha sucedido al menos en las últimas semanas, será la negociación política la que tendrá la última palabra.

SEPA MÁS
4 El ministro Mario Pasco reiteró que en breve saldrá publicada la ley de la pequeña empresa y microempresa, pues debe formar parte del paquete de iniciativas que apuntan a aprovechar el TLC.
4 Asimismo, Pasco confirmó que los cambios que se plantean a este régimen incluyen un subsidio a la seguridad social y pensiones por parte del Estado. En ambos casos, el Estado subsidiaria el 50%.
4 Pasco aún no tiene claro cuál será el mecanismo de incentivo que se utilizará para atraer a la formalidad a la microempresa. Sin embargo, insiste en la propuesta de su antecesora, Susana Pinilla, de apostar por un monotributo, a pesar de que el ministro de Economía, Luis Carranza, se opone a esta posibilidad.