Por Jaime de Althaus Guarderas
Nuestra sociedad es perfectamente consistente. En la Cumbre ALC-UE fueron irritantes las calles enrejadas para alejar a la gente de los hoteles y centros de reunión, pero bien sabemos que esa es una realidad permanente en los barrios pudientes de la ciudad, erizados de defensas para impedir el ingreso de personas menesterosas o no vinculadas y garantizar la seguridad de las viviendas. Es la defensa de los relativamente acomodados frente a la presión latente de los pobres.
Pero resulta que esa es la estructura misma de nuestra sociedad, pues se replica claramente en los órdenes ideológico y legal. El enrejamiento urbano es la consecuencia del enrejamiento legal. Pues, antes que la ciudad, es la formalidad la que está enrejada. Las leyes laborales, por ejemplo, son rejas de fierro virtual que impiden el ingreso de los pobres y no tan pobres a la formalidad. Solo pueden ingresar a ella quienes poseen el capital suficiente para montar una empresa que pueda pagar los innumerables trámites de conformación, los tributos y los costos no salariales del trabajo, que están por encima del 60%, uno de los porcentajes más altos del mundo (en Chile es 29%). Y que posea las reservas suficientes para afrontar el muy alto costo de la indemnización por despido cada vez que la empresa necesite encoger sus actividades ante una reducción de la demanda, como suele ocurrir frecuentemente.
Hay que desenrejar el acceso a la formalidad laboral y empresarial. En lugar de ello, el Congreso se empeña en construir más rejas, en excluir aun más a las mayorías. La Cámara de Comercio de Lima ha demostrado cómo la reciente ley de tercerización, por ejemplo, exige 40 nuevas obligaciones contractuales, laborales y tributarias a las microempresas y pequeñas empresas para ser contratistas de empresas mayores. Obligaciones que difícilmente podrán cumplir. Las empresas grandes, entonces, preferirán o tendrán que tercerizar con empresas medianas o grandes enteramente formales, restringiéndose cada vez más el círculo de los que hacen negocios en el Perú. La subcontratación, una de las modalidades clave para articular la empresa grande a las pequeñas a fin de integrar a estas últimas, queda severamente restringida.
La economía formal se vuelve así cada vez más un gueto en el que solo unos pocos pueden acumular, hasta que ni las rejas puedan resistir el asalto de las masas. La informalidad es un medio para evadir obligaciones costosas, pero impide o desincentiva el crecimiento de la empresa más allá de cierto punto, de modo que reprime la acumulación popular. Esto fomenta la reproducción de la pobreza, la insuficiencia de los servicios públicos, la corrupción y la ilegalidad. La delincuencia, en última instancia, que rebota contra las urbanizaciones de los ricos, que levantan rejas sin saber que no son sino la materialización física de las rejas legales.
Derribar las rejas que impiden el acceso de las mayorías a la formalidad es la gran revolución pendiente. Ella llevaría, de paso, a subir los salarios vía la conversión de beneficios laborales en salario, y vía la mayor demanda de trabajadores formales que inmediatamente habrá. Y a permitir la acumulación en las microempresas y pequeñas empresas. Para que sea posible desmontar las rejas urbanas, finalmente.