Enviar

La Unión Europea a la caza de los inmigrantes ilegales

Por Erik Struyf Palacios. Corresponsal

BRUSELAS. Los ministros del Interior de la Unión Europea aprobaron ayer por unanimidad un paquete de nuevas normas que decidirían la suerte de unos ocho millones de inmigrantes en situación irregular. La llamada directiva del retorno establece las reglas mínimas que todos los países del bloque deberán aplicar en el futuro para acelerar las expulsiones de los indocumentados y permitirá, entre otros, que los sin papeles puedan ser encerrados en centros especiales por períodos de hasta 18 meses por simple orden administrativa.

A menos que el Parlamento Europeo --que debatirá y votará la inminente legislación este 17 de junio-- se niegue a adoptar la directiva en su estado actual y fuerce la introducción de enmiendas, a partir del 2010 los inmigrantes ilegales en cualquier punto del territorio de la UE podrán ser detenidos y encerrados hasta por 18 meses, mientras se tramita su expulsión.

Esta medida podrá, en casos extremos, ser aplicable a menores no acompañados, pero se tomará "solo como último recurso y por el menor tiempo posible".

La directiva prevé un plazo de entre 7 y 30 días para que una persona sin papeles identificada por las autoridades emprenda el retorno voluntario a su país de origen. Transcurrido ese período se inician los trámites de expulsión.

Durante el procedimiento los indocumentados solo contarían con asistencia jurídica gratuita en determinados casos. Una vez expulsados no podrán reingresar al territorio de la Unión Europea por un plazo mínimo de cinco años.

El objetivo de la nueva legislación es avanzar en una política de inmigración común que armonice las normas relativas a los ilegales, estableciendo tiempos mínimos obligatorios para todos los estados miembros de la UE.

En la actualidad los períodos de detención de sin papeles varían entre 30 y 40 días (como en el caso de Francia y España) y más de 18 meses (como ocurre en Suecia y Holanda).

RECLAMOS
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y ECRE (Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados) han escrito a los eurodiputados para que voten contra el texto de la directiva y lo devuelvan al Consejo de Ministros con enmiendas que lo limpien de disposiciones reñidas con los derechos fundamentales. A ambas organizaciones les preocupan los períodos excesivamente prolongados de detención y la falta de medidas que promuevan el retorno voluntario de los inmigrantes.

Los representantes de los estados miembros, incluso de países como España, tradicionalmente más humana y flexible en el trato a los inmigrantes, se han manifestado satisfechos con el acuerdo alcanzado ayer en Luxemburgo. "Es una directiva necesaria, que cumple el objetivo para el que hemos trabajado: hacer más eficaz la lucha contra la inmigración clandestina, al mismo tiempo que garantice los derechos de todas las personas", dijo la secretaria de Estado española de Inmigración, Consuelo Rumí.

"Endurecer leyes no será disuasivo"
LONDRES [EFE]. En tiempos en que la opinión pública española se vuelve más contra los inmigrantes por la desaceleración económica y el aumento del desempleo, el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que endurecer las leyes migratorias no disuadirá a los ilegales, y que esto solo se conseguirá con el desarrollo económico.

"Tenemos que combatir la inmigración ilegal con mayor eficacia, y la mejor manera, la más eficaz de hacerlo, es cooperando con los países de origen", expresó en una entrevista al diario británico "Financial Times".