El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad que presentara el Estado contra la ordenanza regional de Puno que legaliza el cultivo de la hoja de coca. Se calcula que la decisión final de ese organismo se emitirá en los próximos 30 días.
El tema se vio ayer en una sesión del TC a la que asistió el procurador del Estado, Ricardo Castro Belapatiño, quien argumentó que un gobierno regional carece de sustento para legalizar el cultivo de coca declarándola patrimonio cultural.
Agregó que ni la Ley de Bases de Descentralización ni la norma de gobiernos regionales facultan a la entidad regional de Puno a decidir sobre temas nacionales.
"La Ley de Gobiernos Regionales le atribuye la facultad de promover y no de declarar determinados productos o cultivos como patrimonios culturales", dijo Castro al subrayar que la política de lucha contra las drogas es una responsabilidad del Gobierno.
Precisó que la ordenanza es inconstitucional por ser una norma con rango de ley que busca la ruptura del orden constitucional, y que atenta contra la política nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el principio de la cosa juzgada.
La defensa del Gobierno Regional de Puno, a cargo de Wenceslao Apazañaupa y José Coella, precisó que la región que representan no es contraria a la lucha contra el narcotráfico ni busca el fraccionamiento del Estado. Según ellos, hay "una inercia del Gobierno Central" sobre la situación de las comunidades que cultivan la hoja de coca y que se ven "afectadas por la política de erradicación".
Agregaron que con base en el principio de subsidiaridad se dictó esa ordenanza, la que se complementará con otras normas que permitan contribuir con la política de lucha contra el narcotráfico.