Los guetos del odio asoman

Por Lali Cambra. Especial para El Comercio

JOHANNESBURGO. Tras acabar con el sistema racista del apartheid en 1994 se acuñó el término para definir a Sudáfrica: la nación del arco iris, una Sudáfrica en la que todas las razas, todos los colores podrían vivir en armonía. Sudáfrica se mira al espejo ahora, pasadas tres semanas de violencia contra inmigrantes en los guetos que rodean Johannesburgo, con 62 personas muertas y 58.000 desplazadas y el arco iris se refleja grisáceo, turbio y preñado de odio al otro, al 'amakwerekwere' al que farfulla, al que habla diferente.

Un eructo bilioso de xenofobia que ha horrorizado a la mayoría de sudafricanos, ("perdonarnos, no somos así", imploraba el arzobispo anglicano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu) y que los analistas explican por una conjunción de factores, la primera y fundamental razón, por la incapacidad del país de lidiar con la herencia del apartheid, la tremenda desigualdad existente, la pobreza brutal y la riqueza obscena, el desempleo atroz, los niveles de crimen desaforados --los 62 muertos en las últimas dos semanas son un porcentaje minúsculo comparado con los 18.000 asesinatos que registra el país anualmente--, una política de inmigración deficiente, y un gobierno que se ha mostrado incapaz de cumplir sus promesas de una vida mejor para todos, el eslogan del Congreso Nacional Africano (ANC, el partido de Nelson Mandela) en 1999, de cumplir con las expectativas de sus ciudadanos a tener un futuro.

"Esto ha sido la punta del iceberg", explica el vicerrector de la Universidad de Johannesburgo y analista político Adam Habib: "Si no conseguimos superar el legado del apartheid, esta violencia es solo un ejemplo de lo que podemos esperar y no solo contra los inmigrantes". De igual manera opina el obispo metodista Paul Verryn, cuya iglesia, en el centro de Johannesburgo se ha convertido en los últimos años en refugio para más de dos mil zimbabuenses, huidos de su país, colapsado económica y políticamente bajo la férrea dictadura de Mugabe. "Tenemos una historia no superada de prejuicios, seguimos teniendo problemas de raza, de edad, de sexo, de desigualdad económica, de cómo vemos al otro", dice Verryn, quien, además, culpa a la política de inmigración del país, "se tacha a la gente de extranjeros ilegales y eso ya les criminaliza. La policía los persigue, los acosa y solo a los africanos, eso es racismo". La conjunción de esos factores, junto con la extrema desigualdad del país, "hace que la gente explote contra cualquier cosa, en este caso, contra los extranjeros". El obispo considera que los ataques, "muy precisos, específicos", pudieron también ser orquestados con intenciones políticas, no en vano el año que viene hay elecciones en el país. A esta idea también se ha acogido la Oficina Nacional de Inteligencia, como uno de los factores de inicio de la violencia. Y es que el hecho de que buena parte de los agresores sean zulúes --distinguían a los extranjeros al obligarles a decir palabras muy precisas en zulú, como codo o meñique. No saberlas podía suponer el apaleamiento, la muerte-- o que se hayan organizado desde 'hostels', residencias para trabajadores de infame historia en el país, ligados a la violencia entre zulúes de Inkatha Freedom Party y el Congreso Nacional Africano (ANC) a principios de los noventa, con centenares de muertos, reavivó el fantasma de la transición sangrienta. Inkatha Freedom Party ha negado haber organizado los ataques.

Para Tseliso Thipanyane, responsable de la Comisión de los Derechos Humanos de Sudáfrica, una organización que había venido alertando del incremento de la xenofobia en el país (se han venido registrando asaltos a extranjeros desde hace años, especialmente a somalíes, que habían abierto tiendas de comestibles en los guetos, despertando la envidia de la comunidad), los ataques de las últimas semanas, más allá de explicarse por la frustración de los locales ante la pobreza, el paro, el crimen, la falta de servicios públicos, son también un reflejo de políticas inadecuadas de inmigración, "tenemos entre tres y cinco millones de inmigrantes ilegales, es algo en lo que hay que actuar de forma diferente". Muchos de los inmigrantes ilegales, sobre todo los provenientes de Zimbabue y Mozambique, han recibido mejor educación y formación que los sudafricanos negros, condenados a una enseñanza marginal por el gobierno del apartheid, que todavía se arrastra. De ahí la percepción de que los extranjeros acceden con mayor facilidad a puestos de trabajo, para los que están mejor preparados, sea real. Thipanyane recuerda que la situación en Zimbabue, bajo la dictadura de Robert Mugabe, con una economía en caída libre y una inflación de más del 160.000%, ha supuesto una huida en masa de ciudadanos que cruzan ilegalmente la frontera con Sudáfrica, bien huyendo de la pobreza extrema, bien de la represión política. El representante de la Comisión de los Derechos Humanos considera que la "diplomacia silenciosa" del presidente surafricano, Thabo Mbeki, para con Mugabe, debería revisarse para establecer una política más enérgica, que fuerce al cambio en el país, que permita parar la avalancha de inmigrantes ilegales.

Thipanyane considera que el gobierno tenía que haber actuado mucho antes para evitar los asesinatos, los robos, las casas incendiadas, los miles de refugiados, los 30.000 mozambiqueños que han regresado a su país, derrotados por los xenófobos vencedores. Y las críticas no han sido solo a la falta de actuación previa a los ataques sino también a la actuación --o falta de ella-- durante ellos. Thabo Mbeki solo condenó las agresiones de la jauría xenófoba dos semanas después de iniciarse. Los ministros no fueron los que se acercaron a las comisarías de policía o a las iglesias donde los extranjeros buscaron refugio. Nadie dijo a los inmigrantes que eran bienvenidos, nadie trató de prevenir el éxodo de los mozambiqueños, cuyo gobierno sí acudió en su ayuda, facilitando la repatriación. La única persona pública que sí visitó los centros de refugiados fue Winnie Madikizela Mandela, la controvertida ex esposa de Nelson Mandela.

Conocida por su criticismo al gobierno tecnocrático de Mbeki, cuyas políticas económicas no han resultado en una mejora de la situación de la población en general, Madikizela no fue parca en críticas: "El manifiesto del ANC de hace catorce años le decía a la gente que íbamos a construir casas", recordó la llamada 'Madre de la Nación' en una entrevista al semanal "Mail and Guardian", "cuando visité Alexandra (el gueto donde se iniciaron los ataques, a veinte kilómetros de Johannesburgo), después de la violencia, vi las mismas casuchas que en 1994". Madikizela culpó al Gobierno de frustrar las esperanzas de una población a la que se había prometido un futuro mejor. Parafraseando a Mao Tse Tung dijo: "Cuando las masas están hambrientas, una sola chispa basta para causar un fuego forestal".

Más de veinte mil refugiados en un país en paz
Tras el penoso éxodo de 30.000 mozambiqueños de vuelta a su país huidos de la violencia xenófoba en Sudáfrica, todavía quedan desplazados 28.000 inmigrantes refugiados en comisarías de policía, iglesias o centros cívicos no solo de Johannesburgo y la periferia, sino también en Ciudad del Cabo, adonde la violencia también se extendió. Sudáfrica se enfrenta ahora al qué hacer con miles de refugiados en un país que, teóricamente, está en paz. No acostumbrado a lidiar con fenómenos similares, el Gobierno ha tenido que aprestarse a comprar tiendas de campaña y montar campos de refugiados, tras las críticas de diferentes organizaciones humanitarias a las condiciones terribles en las que los inmigrantes se encontraban.

De acuerdo con el Gobierno, los campos deberán ser desmantelados antes de finales de julio, dado que no se pretende la 'guetización' de las comunidades de extranjeros. El objetivo es trabajar para la reintegración de los inmigrantes en las comunidades de las que huyeron.

Una tarea nada fácil, dado el terror de los refugiados a regresar, por lo que se deberá establecer diálogos entre las comunidades y los inmigrantes, que garanticen su retorno en paz. Aquellos que lo deseen serán repatriados.

Una repatriación que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) es una medida no aconsejable, "envía un mensaje muy peligroso, las comunidades pueden interpretar la repatriación como una señal de que la violencia triunfó, de que es la manera de empujar a la gente a marcharse", de acuerdo con la portavoz de SAHRC, Jody Kollapen.

LAS CIFRAS
62
Muertos hubo en los incidentes xenófobos de mayo.

58.000
Desplazados ha dejado el conflicto (de los cuales 30.000 han regresado a su país).

1.500
Personas fueron detenidas por la policía y el ejército por participar en la violencia xenófoba.

3'000.000
De inmigrantes ilegales hay en Sudáfrica, aunque algunas cifras indican que llegan hasta los cinco millones.